A tres meses y medio de que inició la actual administración de Naucalpan, por segunda ocasión el gobierno municipal denuncia públicamente irregularidades que dejo la exalcaldesa Patricia Durán Reveles y el extesorero Leopoldo Corona Aguilar al firmar un pagaré por 130 millones de pesos con la empresa crediticia, Micro Credit S. A. P. I. de C. V., sin tener la aprobación del cabildo.
La presidenta municipal actual Angélica Moya Marin explicó que el titulo de crédito no fue solventado, por lo que fueron embargados recursos federales canalizados al ayuntamiento, provocando también por la falta de pago de este compromiso, que se embargarán los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022 (FISMDF), que se destina a los municipios para aplicarlos en obra pública en zonas de pobreza extrema y alto nivel de rezago social.
En conferencia de prensa Moya Marvin, informó que el gobierno de Naucalpan iniciará acción penal y pedirán el total resarcimiento de los daños causados al erario municipal por parte de los ex servidores públicos involucrados.
Ya antes el gobierno de Naucalpan denunció irregularidades de la anterior administración municipal, pues ya presentó un procedimiento penal por incumplimiento en el pago de un crédito bancario con Santander, que colocó al ayuntamiento en el Buró de Crédito.
“Hoy denunciamos públicamente el alcance de un acto de corrupción más cometido durante la administración municipal de Morena, cuyos funcionarios de alto nivel firmaron un documento que trajo consigo graves consecuencias para Naucalpan”, reiteró.
Agregó: “El pasado 4 de noviembre de 2019 la expresidenta Patricia Durán Reveles y Leopoldo Corona Aguilar, extesorero municipal, firmaron un pagaré por la cantidad de 130 millones de pesos. Este compromiso nunca se solventó, por lo que el 3 de febrero de 2022, ya en nuestro gobierno, se notificó a la dirección General Jurídica y Consultiva para que procediera jurídicamente”.
Expuso que el gobierno municipal recibió el emplazamiento de un juicio ejecutivo mercantil del juzgado 24 de la Ciudad de México, por lo que la dirección Jurídica y Consultiva dará respuesta a la demanda, que no sólo implica el adeudo que se desprende del pagaré, sino también costos adicionales como intereses moratorios por ocho millones de pesos, más los honorarios de abogados.
Gabriel García Martínez, director general Jurídico y Consultivo de Naucalpan, detalló que la línea de crédito que dio origen al pagaré no se efectuó ante una institución bancaria, sino con una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), sin que fuera autorizada por el cabildo.
“Estamos presentando las documentales respectivas para tratar de desacreditar la legalidad de esta actuación e independientemente de la defensa jurídica que estamos realizando, se está dando vista a la Contraloría Interna Municipal para que recabe mayor información”, dijo.
García Martínez mencionó que de acuerdo con los resultados de la Contraloría Interna se determinará si la denuncia penal es presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), además de que notificará los hechos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Copyright © 2022 La Crónica de Hoy .