La Fiscalía General de Justicia del Estado de México consideró oficialmente como “sustraído de la acción de la justicia” al aún alcalde de Toluca, el priísta Raymundo “N”, por lo que también solicitó la emisión de una “Ficha Roja” y una Alerta Migratoria, para en caso de que pretenda salir del país.

Lo anterior luego del operativo realizado la noche del viernes 24 para ubicar al presidente municipal de la capital mexiquense, por presuntos cargos de secuestro exprés, en los que también estarían probablemente involucrados seis de los servidores públicos del ayuntamiento.

La FGJEM dio a conocer que obtuvo de un Juez de Control Especializado en Línea, orden de aprehensión en contra de Raymundo “N”, por su posible intervención en el delito de secuestro exprés, hechos registrados el 12 de abril pasado en agravio de la víctima del sexo masculino identificado con iniciales O.E.R.C., quien era su suegro y en ese entonces se desempeñaba como servidor público del Ayuntamiento de Toluca.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, en esa fecha por instrucciones de Raymundo “N”, policías municipales del ayuntamiento de Toluca, habrían ingresado sin mandamiento judicial alguno o causa justificada, a las oficinas particulares de O.E.R.C. y lo habrían privaron de su libertad para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal, donde lo mantuvieron en cautiverio. 

Ante tal hecho presumiblemente constitutivo de delito, este fue denunciado ante el Agente del Ministerio Público por la hija de la víctima, quien es identificada con iniciales D.V.R.R., y quien estuvo casada con el alcalde. 

En la investigación realizada con perspectiva de género y luego de que esta semana la ex esposa del edil y hasta hace unos meses presidenta del DIF municipal, denunciara la presunta protección de parte de las autoridades de justicia hacía el funcionario, se solicitó orden de aprehensión en contra de Raymundo “N” y seis investigados más, por el delito de secuestro exprés sin perjuicio de la probable responsabilidad de los investigados en la comisión de otros delitos.

El secuestro exprés en su modalidad de extorsión, previsto por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, alcanza una penalidad es de 40 a 80 años de prisión, la cual puede aumentar 10 años al agravarse por haber allanado el inmueble para privar de la libertad a la víctima quien tenía parentesco con Raymundo “N”.

La Fiscalía explicó que a fin de cumplimentar la orden de aprehensión, fueron realizadas diversas acciones operativas, ejecutados tres cateos, dos de estos en el municipio de Toluca y otro en Metepec, así como despliegues en las inmediaciones del Palacio Municipal y del Centro de Comando y Control (C2) del Ayuntamiento donde laboran los investigados.

Sin embargo, al no ser localizado el alcalde, la Fiscalía mexiquense solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México, la emisión y publicación de la “Ficha Roja” correspondiente, así como al Instituto Nacional de Migración la expedición de una Alerta Migratoria, lo anterior en caso de que el investigado intente salir del país.

También advirtió que toda aquella persona que brinde refugio, oculte o facilite la fuga de algún probable responsable de delito diverso con el propósito de que no enfrente la justicia, estaría cometiendo el ilícito de encubrimiento, el cual será sancionado en términos de lo establecido en el artículo 149 del Código Penal vigente en la entidad, pena que se agrava hasta en una mitad en caso de que sea cometido por un servidor público.