Ivonne Estrada y sus hermanas han sido amenazadas y violentadas por sus familiares desde que se quedaron a vivir en la casa de su abuela, quien falleció hace un par de años; sus tíos han impuesto diversas demandas irregulares en la FGJ con la finalidad de que abandonen el sitio y renuncien a la parte de la propiedad que les corresponde, a pesar de que ellas han manifestado ante el Ministerio Público que su deseo es desocupar el inmueble, ubicado en Calzada de Tlalpan, después de resolver la documentación del predio ante un notario.

Las imputaciones por parte de los familiares de Ivonne tienen como origen delitos fabricados, carpetas de investigación sin pruebas y acoso. Actualmente son señaladas penalmente de ser generadoras de violencia hacia personas de la tercera edad y están a punto de ser detenidas sin que las autoridades les hayan dado la posibilidad de emitir sus declaraciones en un juicio justo.

"Desde que murió mi abuela yo quise que se arreglaran los papeles, esta casa está intestada y sé que nos corresponde una parte proporcional que le tocaba a mi mamá que ya falleció, igual a mis tíos, pero ellos me acusaron de despojo, violencia intrafamiliar y el Ministerio Público los ayudó, no tienen pruebas en nuestra contra y nos pusieron una orden de restricción y abrieron una carpeta de investigación por los dos delitos", declaró Ivonne.

"Nuestra carpeta está judicializada y nunca nos avisaron de algún citatorio, yo sí tengo pruebas en su contra y desafortunadamente solamente me notificaron que el juzgado de Santa Marta Acatitla tomó el caso y que en una audiencia nos avisarían de una sanción. Mi abogado me dijo que sí nos pueden detener porque mis dos hermanas y yo estamos acusadas por el mismo delito, fue un proceso raro porque la Fiscalía emitió sentencias cuando no nos pudieron demostrar nada", explicó.

FGJCDMX generó imputaciones sin pruebas

Desde que Rubén, Mario y Patricia, tíos de Ivonne comenzaron a amedrentarla, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) las declaró en estado de imputadas y culpables de robo y violencia, delitos explicados en la carpeta de investigación número CI-FIDAGAP/GAP5/UI-AM-2 S/D/00090/05-2023; la cual contiene textos y cargos sin pruebas, alguna investigación, cateo, análisis o audiencia que lo sustente.

La documentación en su contra contiene incriminaciones por atracos dentro del domicilio, presuntamente por la cantidad de 162 mil pesos, así como la recriminación de despojo, aparentemente porque Ivonne y sus hermanas sacaron a sus tíos de la casa. Sin embargo, esta infracción no tendría que ser cumplimentada en un predio intestado, ya que se refiere al daño que sufre el individuo en su patrimonio y en múltiples ocasiones por la falta de recursos para defender el derecho de propiedad; denuncia que no procede en edificaciones con dueños fallecidos.

Tampoco ocurrieron visitas o revisiones de la Policía de Investigación (PDI) que comprobaran la presunta cantidad robada o exámenes psicológicos que corroboraran que los probables afectados eran víctimas de agresiones, atendiendo a una carpeta vacía, donde solamente una de las partes tuvo derecho de declarar e incriminar.

Al no poseer pruebas de las infracciones mencionadas, la única sanción que tendría que haber sido ejercida en contra de Ivonne era una denuncia de hechos, es decir, el acto por el que se da conocimiento a la autoridad competente de la existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal; dicha queja solamente se emplea cuando no existen los argumentos suficientes para demostrar los delitos del acusado, convirtiéndolo en una advertencia.

"Víctimas" acuden a amenazar a sus "agresores"

Mientras Ivonne y sus hermanas eran sujetas a falsas acusaciones y expuestas en denuncias sin soportes, sus tíos acudían a su domicilio para amenazarlas, insultarlas y dañar los bienes de la casa. A pesar de que la afectada intentó denunciar esas acciones, las autoridades le negaron el derecho a proceder en contra de quienes planeaban intimidarla.

"Tengo videos donde se ve que me vienen a insultar, aunque me pusieron una orden de restricción diciendo que no me puedo acercar a ellos, dañaron la puerta porque le pusieron silicón a la cerradura; presenté todas mis pruebas y me dijeron que no procedía. Yo sí tengo con qué defenderme y no me hicieron caso, me gritaron asesina y en el Ministerio Público nada más me decían que dejáramos de pelear y le devolviéramos la casa a mis tíos, aunque sí hay actos de violencia en contra de nosotras; el proceso estuvo mal manejado", explicó.

"En la carpeta de investigación sus acusaciones solamente se basan en lo que dijeron, no hay videos; me quieren sacar de esa casa poniéndome muchas denuncias, no tienen fotos; si los hubiéramos violentado ya estaríamos en la cárcel porque son personas de la tercera edad. Si tenemos orden de restricción hacia ellos ¿Por qué vienen? El Ministerio Público y la Fiscalía les creyeron, si quiero que esto se arregle, pero no de esa manera, cuando al estar intestado se debe de llevar otro proceso, a mi nadie me quiso escuchar ni ayudar, las denuncias que puse no procedieron, aun con pruebas", comentó.

Trámite que no corresponde a las leyes mexicanas

El Código Civil Federal indica que en México los trámites para reclamar un domicilio intestado es acudir a un juzgado familiar para iniciar un juicio que libere el inmueble, acompañado de archivos que demuestren el fallecimiento del dueño, como el acta de defunción.

Posteriormente, se generan edictos en los periódicos para verificar que no existen testamentos u otros interesados en el predio. Después se designa un albacea, es decir, una persona que decidirá las gestiones, trámites de la propiedad y los posibles herederos.

En caso de que las personas que habitan la propiedad se rehúsan a abandonarla, el albacea tienen la facultad de demandarlos y posiblemente ser desalojados mediante la fuerza pública. Esta última alternativa solamente se puede efectuar cuando se nombró a un presunto propietario, pero en el caso de Ivonne, ninguna persona tendría la facultad de demandarla ni expulsarla de un predio que no tiene dueño ni ha sido sometido al proceso correspondiente de sucesión de bienes.

Aunque el procedimiento de regularización de casas intestadas no implica acusaciones ni demandas penales, Ivonne fue víctima de malos manejos por parte de las personas interesadas de quedarse con el inmueble. Sin instituciones que verificaran la veracidad o falsedad de las declaraciones en la carpeta de investigación, Ivonne está expuesta a lo que las autoridades decidan, sin la posibilidad de presentar pruebas o declaraciones que "limpien" su nombre.