Metrópoli

FGJCDMX niega haber encubierto a funcionario en Caso Narvarte; investigaciones aún no terminan

Luego de que los familiares inculparan a Luis Javier García Saldaña de cooperar en la matanza, la institución afirmó que hasta el momento no se ha establecido alguna relación del trabajador con la muerte de cinco personas

Protesta afuera de la Fiscalía capitalina a siete años del crimen de cinco personas en la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte.

El señalado ha sido llamado a declarar y cuyos testimonios han sido evaluados por la Policía de Investigación, sin embargo no se ha determinado que haya intervenido en el homicidio.

   

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rechazó que la institución haya encubierto a Luis Javier García Saldaña, funcionario que laboró en el organismo y quien fue acusado por los familiares de los fallecidos de participar en el multi homicidio de la colonia Narvarte en el 2015.

“Esta Fiscalía no encubre a ningún servidor público que labore o que haya laborado en la institución", comentó Ulises Lara, vocero de la dependencia, quien afirmó que continúan abiertas las investigaciones del asesinato de cinco personas.

Familiares de las víctimas inculparon al funcionario —que actualmente se desempeña como secretario de la Agencia de Delitos Cometidos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC)— de cooperar en la matanza porque su teléfono celular fue localizado en dos ocasiones en el lugar de los hechos, el vocero afirmó que hasta el momento no se ha establecido algún tipo de nexo o relación del trabajador con la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete.

La FGJCDMX subrayó que el funcionario fue llamado a declarar y sus testimonios fueron evaluados por la Policía de Investigación (PDI), sin embargo no se ha determinado que García Saldaña haya intervenido en el homicidio. Lara también reconoció que las administraciones anteriores y la entonces Procuraduría tuvieron deficiencias que impidieron la identificación del teléfono móvil o de los presuntos delincuentes.

"En su momento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 4/17 en la que documentó diversas violaciones a derechos humanos de las víctimas directas e indirectas de este caso; entre ellas, que el deceso de las cuatro mujeres que se encontraban en el departamento no se investigó con perspectiva de género", reveló.

“Los familiares y víctimas colaterales consideran que la investigación que realizó la Procuraduría tuvo supuestas deficiencias que impidieron el esclarecimiento del móvil y la identificación de los posibles autores intelectuales”, confesó.

Igualmente explicó que se ha iniciado una investigación por delitos en el caso de trata de personas y para averiguar la posible relación entre el homicidio y células criminales dedicadas a la corrupción de seres humanos.

Dio a conocer que la fiscal, Ernestina Godoy Ramos, ha entablado reuniones con los familiares de las víctimas y que se les ha otorgado la transparencia en las carpetas para darle un seguimiento pormenorizado a la investigación, así como atender peticiones, observaciones y aportaciones que pudieran presentarse.

“Esta Fiscalía lamenta que las familias hayan declarado suspendido el diálogo, pero la institución mantiene su disposición a continuar la comunicación y la colaboración con ellos”, finalizó.