Habitantes de la alcaldía Xochimilco y Gustavo A. Madero denunciaron a la administración de Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México por interrumpir, amedrentar y censurar las mesas y reuniones de diálogo en las que los ciudadanos exponen las deficiencias de las demarcaciones. Las amenazas de los trabajadores de éste funcionario han afectado a locatarios que prestan sus centros de trabajo para congregarse, pues éstos podrían ser acreedores a una sanción o a la clausura definitiva.

Durante varios fines de semana, residentes de Xochimilco tuvieron la iniciativa de celebrar asambleas en los espacios públicos de esa localidad, como parques y explanadas. En dichas concentraciones, los vecinos de ese territorio, el cual tiene los mayores índices de delitos, corrupción e infracciones exponen posibles soluciones para que los niveles de inseguridad disminuyan, por ejemplo la revocación de mandato del alcalde José Carlos Acosta Ruiz.

Sin embargo, éstas juntas han sido cuartadas por funcionarios a cargo de Martí Batres y del Gobierno de la Ciudad de México, negándoles a los quejosos la posibilidad de debatir y ejercer su derecho de exigir la manera en la que los gobernantes deben de actuar en situaciones fundamentales que aquejan a los habitantes, como el nulo patrullaje y la ausencia de servicios en Xochimilco y en Gustavo A. Madero.

Respecto a las constantes peticiones de los vecinos, quienes suplican a los mandatarios de esas alcaldías que asistan a las reuniones y faciliten el uso de las áreas públicas para las mesas de diálogo, las represalias por manifestarse y demandar mejores alternativas para una calidad de vida han provocado el cierre de negocios privados y amenazas hacia quienes se atrevan a prestar patios, terrazas y explanadas para incentivar a la revuelta en contra de la forma de gobernar de algún servidor público.

En palabras de los habitantes de Xochimilco, a pesar de las negativas de las autoridades para facilitar a la población jardines y plazas para congregarse, buscaron alternativas para llevar a cabo el encuentro ciudadano. Como solución, se rentó un espacio privado para llevar a cabo la reunión, sin embargo, horas más tarde, el dueño del lugar pidió cancelar el evento y regresar el depósito porque personal de la alcaldía Xochimilco lo amenazó de clausurarle su negocio si permitía que se llevara a cabo el encuentro.

"Tenemos las firmas necesarias para empezar el proceso de revocación de mandato del alcalde, así como en GAM, en Xochimilco nos orientamos para comenzar ese trámite y que ya no esté aquí. Lo que es indignante es que Acosta y Batres se hayan puesto de acuerdo para callarnos porque no les gusta que se hable mal de ellos, eso es un delito, que hayan amenazado a los que se ofrecieron a rentarnos sus patios. Nos tienen atados de manos, criticaban al PRI y son más opresores que ellos", explicó una habitante de esa localidad. 

"Batres se dedica a amenazar a la gente que exige sus derechos, no estamos haciendo nada malo, así como votamos por éste alcalde, tenemos el derecho de sacarlo y poner a otro. Estamos en una cárcel, no nos permiten reunirnos y platicar lo que nos afecta; Xochimilco y GAM están en unas condiciones horribles, no hay luz, agua y servicios en los pueblos y calles más alejadas, pero eso les molesta, que exijamos que nuestros recursos se usen en lámparas y agua, todo se lo quieren robar", comentó.

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho de reunión implica la libertad de todos los habitantes de la República para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, siempre que dicha reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito.

"A las personas que las han amenazado con clausurarles el lugar las trataron muy mal, peor que a un delincuente. Eso no se vale, meterse en la vida personal cuando los rateros están en la calle y a nosotros nos vigilan como si estuviéramos haciendo el peor de los delitos", aseguró la vecina.

Los residentes amenazados exhortaron al GCDMX, garantizar de forma efectiva las condiciones mínimas de civilidad, legalidad y respeto a los Derechos Humanos en su vertiente de libertad de expresión y asociación, así como de libre manifestación de las ideas políticas para las y los habitantes de Xochimilco y GAM, esto, ante los reiterados actos de intimidación, amedrentamiento y represión que se registran en las demarcaciones gobernadas por Morena.