Luego de la detención de José Roberto Uribe, exdirector de la Policía Cibernética de la Ciudad de México en el gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, la Fiscalía General de Justicia informó que derivado de las investigaciones respecto a una red de espionaje contra quienes hoy son funcionarios de la 4T se solicitará el apoyo de la emisión de fichas rojas de la Policía Internacional (Interpol) para frenar la huida de quienes están relacionados con estos hechos.
El vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara López, informó que José Roberto "N" ya se encuentra en el Reclusorio Norte, donde como medida cautelar estará en prisión preventiva y se buscará la vinculación a proceso.
Como mando en la Policía Cibernética de la entonces Procuraduría capitalina, Uribe "posiblemente operaba un vehículo utilizado para esos delitos, poro que fue aprehendido por detectives de la Policía de Investigación, en la colonia Doctores, y fue trasladado para su certificación médica y posteriormente ser llevado al Reclusorio Varonil Norte", señaló Lara López.
El funcionario detalló que tras diversas investigaciones, se estableció que José Roberto “N” y otras personas, también servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Gobierno, posiblemente realizaron violaciones de comunicaciones privadas entre 2013 y 2018, cuyo centro de operación era un domicilio ubicado en la calle Manuel Marqués Sterling, en la colonia Centro.
Indicó que derivado de denuncias periodísticas, el 5 de diciembre de 2018 se inició una investigación por la posible existencia de una casa de espionaje en la Ciudad de México, operada por servidores públicos.
"Dichas personas se daban a la tarea de, ilegalmente, intervenir comunicaciones privadas de personas del ámbito político, así como de sus familiares más cercanos; elaborar fichas de identidad; diseñar rutas y mapas de seguimiento; además de ejecutar planes con fines político-electorales. Entre las personas y sus familias que fueron espiadas, es decir, vigiladas de manera ilegal, se encuentran servidoras y servidores de todos los niveles de gobierno que hoy ocupan cargos en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Gobierno de la Ciudad de México y en esta propia Fiscalía, cuyos nombres reservamos en apego a la ley y en respeto a la dignidad de las personas", enfatizó el vocero.
Informó que en seguimiento a dichos servidores públicos, fue con el apoyo de una camioneta, tipo van, asignada a la Procuraduría General de Justicia, la cual fue utilizada para captar de manera precisa llamadas telefónicas y mensajes de texto.
En un mensaje a medios, el funcionario dijo que quienes posiblemente dirigían y operaban esta célula, a sabiendas que, de darse a conocer sus operaciones, se comprometería a todas las personas servidoras públicas involucradas, tanto medios como altos mandos del Gobierno del Distrito Federal, en un intento por deshacerse de las evidencias de su delito, desmantelaron el equipo en julio de 2018.
Sin embargo, explicó que con las investigaciones de esta Fiscalía, quienes componían la célula de espionaje destruyeron casi todo el equipo informático para tratar de eliminar cualquier rastro que revelara la existencia de sus operaciones, pero a pesar de la parcial destrucción de la información, el 12 de julio de 2021 fue entregada a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos un equipo de cómputo portátil con datos que no lograron ser destruidos.
Del contenido de dicho dispositivo, la Fiscalía logró extraer diversa información consistente en fotografías, videos, correos electrónicos, audios, y todo tipo de archivos posiblemente relacionados con estos hechos.
Por ello, la autoridad ministerial hizo la
solicitud a Interpol México de la Fiscalía General de la República de la emisión de las llamadas Fichas Rojas para evitar una posible fuga del país de las personas posiblemente involucradas.
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