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Aunque los choferes de los camiones de la Ruta 10 que corre del metro Aeropuerto a Avenida 5 en la calzada Ermita Iztapalapa, han asegurado que tienen sus títulos de concesión (constancia que autoriza al interesado conducir unidades de transporte) en regla, SEMOVI e INVEA han acusado a los conductores de estas unidades de no tener la documentación necesaria para laborar en la ruta, lo que ha llevado a los afectados a ser sancionados y que sus vehículos sean enviados al corralón.
Hacia esta problemática, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a las Secretarías de Movilidad, de Seguridad Ciudadana y al Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX que remitan un informe sobre el estatus legal de los títulos de concesión de la Ruta 10. Asimismo, pidió que se reincorpore a las personas a sus bases correspondientes, pues argumentan que las acciones realizadas por parte de las autoridades encargadas de regular el transporte en la capital son una violación a los derechos de los trabajadores.
Por su parte, la diputada María de Lourdes Paz Reyes indicó que los afectados desconocen el fundamento jurídico de los constantes operativos ejecutados por SEMOVI e INVEA, por lo que deben pagar multas que van de los ocho mil a los 16 mil pesos, bajo el argumento de irregularidades en la cromática o la prestación de un servicio “pirata”.
También, Paz Reyes afirmó que en la Declaratoria de Necesidad Para la Prestación del Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros del Corredor Concesionado Metro Aeropuerto–Av. 5, Ermita, no se esclarece la revocación de concesiones, ni se establece qué efecto se aplicará a quienes no se integren a la empresa encargada del corredor, que en este caso es “Trioxa”.
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