La bancada del PRI en el Congreso capitalino presentó una iniciativa para crear la Ley del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México, con el fin de garantizar que exista la asistencia profesional de abogadas y abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las personas justiciables.
La iniciativa presentada al pleno del Recinto de Donceles abrogaría la Ley de Defensoría Pública del Distrito Federal, en tanto que la nueva legislación pretende regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero local, así como garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil.
La también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Mónica Fernández, recordó que en febrero de 2014 se emitió la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal, en donde solamente se regula y reconoce la Dirección de Defensoría Pública.
Lo anterior, a pesar de que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el Instituto de Defensoría Pública será un organismo constitucional autónomo especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Señala además que contará con autonomía técnica y de gestión, plena independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de conformidad con lo previsto en la ley.
De acuerdo con la Constitución, la persona titular del Instituto será electa cada cuatro años por un Consejo Ciudadano mediante concurso público de conformidad con el procedimiento establecido en la propia Constitución.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y posterior dictaminación.
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