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El jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció la publicación de una reforma judicial que otorgue justicia a población vulnerable que en ocasiones, se encuentran en desventaja y sus procesos son entorpecidos, como quienes se encuentran en pobreza.
Con el decreto, se pretende que el Poder Judicial se regirá por los principios de igualdad sustantiva, transparencia, legalidad y honradez, con el objetivo de acercar el acceso a la justicia principalmente a grupos y comunidades en desventaja social de la capital.
De acuerdo con el mandatario, la publicación se lleva a cabo en el marco de la discusión nacional de la Reforma al Poder Judicial, en donde abogados, autoridades y ciudadanos plantean que algunos juzgadores de dicho poder carecen de sentido social y no benefician a los más vulnerables en las resoluciones de distintos casos.
Con esta reforma, se actualizan los principios por los cuales deben de regirse los magistrados y jueces, para otorgar justicia a quienes padecen un estado de desventaja social.
La recreación de la jurisdicción se encuentra en el Artículo 35 del Poder Judicial, en el que el apartado A dice :"se regirá de Justicia social por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas".
A ello se añade: "aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional se privilegirán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva. Y los fines de la justicia social, a fin de que respecto de los elementos no esenciales en el procedimiento, impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas de los Derechos Humanos, especialmente de personas y grupos sociales que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social".
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