Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó que hay 189 denuncias penales derivadas de quebrantamiento de quebrantamiento de sellos de clausura, fraude, delitos ambientales, uso indebido de atribuciones y facultades por parte de servidores públicos, y de responsabilidad profesional y técnica por faltar a la normatividad de uso de suelo respecto a los cateos que se han realizado a inmuebles irregulares construidos con el permiso de exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN desde hace más de dos décadas.

El funcionario capitalino indicó que estas propiedades presuntamente pertenecen a Nicias René Aridjis, exsecretario de Desarrollo Urbano, y de Luis Vizcaíno Carmona, exdirector de Jurídico y Gobierno, quienes permitieron la construcción con violación al uso de suelo en la BJ a cambio de obtener departamentos a su nombre, que posteriormente comenzaron a rentar y de los cual no reportaron ingresos ante las autoridades fiscales.

“Hemos recabado un total de 189 denuncias penales que dan cuenta de posibles irregularidades e incumplimientos por parte de desarrolladores inmobiliarios, comercializadores, autoridades locales y notarios. Estas denuncias son muestra clara de probables delitos como quebrantamiento de sellos de clausura, fraude, delitos ambientales, uso indebido de atribuciones y facultades por parte de servidores públicos, y de responsabilidad profesional y técnica por faltar a la normatividad de uso de suelo”, detalló Lara López.

Detalló que con referencia a los edificios de alta plusvalía, propiedad de exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, que están vinculados a proceso y que recientemente fueron cateados por elementos de la Policía de Investigación, en apego a un mandato judicial, se ha llamado a declarar a las personas que habitan actualmente departamentos bajo el carácter de comodato o arrendamiento, tanto por Nicias Aridjis como Vizcaíno Carmona, se estará en condiciones de determinar posibles relaciones de intereses y/o criminales de quienes fungen como propietarios, comodatarios o arrendatarios, y que reciben por concepto de renta altas cantidades de dinero que posiblemente no han sido declaradas.

“Nuestro equipo pericial lleva a cabo la determinación de los ingresos que los propietarios adquirían por estos conceptos, ya que en promedio un inmueble de estas características puede redituar entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales”, especificó el vocero de la FGJ.

Agregó que, de acuerdo con las indagatorias realizadas por Ministerios Públicos de la Coordinación General de Investigación Territorial, los exservidores públicos obtenían un beneficio, en apariencia lícito, a partir de la comisión de un hecho cuya naturaleza haya sido presumiblemente ilegal, y sobre todo, que se trate de recursos, como hemos mencionado, que probablemente nunca fueron declarados ante las autoridades fiscales.

“Posiblemente, los ex servidores públicos ya mencionados de la alcaldía Benito Juárez, habrían establecido un esquema de enriquecimiento basado en negligencias y colusiones fuera de la ley”

Ulises Lara López reiteró que estas acciones de construcción irregular que derivaron en enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios de la BJ no habrían sido posibles sin el consentimiento de sus superiores jerárquicos para obtener beneficios ilícitos, situación que está por comprobarse.