
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que el reciente anuncio del titular del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que da a conocer que el 16 de octubre firmará un acuerdo para regularizar los autos que han sido importados a México desde Estados Unidos -conocidos como “autos chocolate”- es un duro golpe a una de las industrias que más empleos genera en el país: la automotriz.
La Coparmex señaló que a la fecha se acumulan 19 procesos de regularización puestos en marcha en el periodo que comprende de 1979 a 2011 y que hoy en día, de acuerdo con el Decreto emitido por la presente administración, por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2020, es factible importar un vehículo usado.
Los integrantes de la confederación señalaron que "la decisión anunciada por el presidente es un cheque en blanco para la delincuencia".
Además, expusieron que la legalización indiscriminada es un golpe al sector automotriz en uno de sus momentos más adversos. En el mercado nacional se han vendido 757 mil 846 vehículos ligeros durante enero-septiembre 2021, cifra que está 20.7 por ciento por debajo de los niveles registrados en enero-septiembre de 2019.
La Coparmex indicó que uno de los problemas que le preocupa del tema es el impacto al medio ambiente y a la seguridad de las personas ya que con dicho decreto se alienta la introducción de automóviles al país que por sus elevados kilometrajes y antigüedad son altamente contaminantes.
En tanto que en tema de seguridad al ser vehículos de desecho o con antecedentes de siniestro en su país de origen, no garantizan los estándares mínimos de seguridad vehicular como son frenos de seguridad ABS, bolsas de aire o sistemas de retención infantil.
"Coincidimos con la buena intención de apoyar a quienes menos tienen y quienes demandan alternativas para su movilidad, particularmente en las entidades de la frontera norte; pero no respaldamos medidas que distorsionen la economía, provoquen la pérdida de empleos, deterioren la confianza en la inversión y la recaudación de impuestos, afecten el medio ambiente y, sobre todo, pongan en riesgo la vida de los usuarios de autos y de terceros", indicó la Coparmex a través de un comunicado de prensa.
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