Vecinos de Xochimilco han alzado la voz para exponer una serie de denuncias en torno a la candidatura de Erika Rosales, afiliada a Morena y  supuesta apadrinada políticamente por José Carlos Acosta, actual alcalde de la demarcación. Según los inconformes, "esta candidatura no sería más que la continuación de una política incendiaria y violenta que ha afectado a los pueblos y barrios de la región desde la llegada de Acosta al poder".

Las acusaciones son variadas y detalladas, abarcando actos de represión, violencia y ataques contra la organización autónoma de los pueblos y barrios, incluso hacia militantes o aliados de Morena. Los actos, según los denunciantes, se ejecutan en colaboración con Francisco Pastrana Basurto, Director de Jurídico y Gobierno de la alcaldía.

Diversas acusaciones contra la actual administración

Entre las alegaciones compartidas por los habitantes de Xochimilco se encuentran:

- Utilización de grupos de golpeadores para interrumpir asambleas comunitarias, con el objetivo de imponer personas afines al alcalde en cargos comunitarios.  

- Formación de grupos de golpeadores para obstaculizar manifestaciones en defensa del humedal de Xochimilco o de áreas verdes.

- Amenazas de agresiones físicas o incluso amenazas de muerte dirigidas a luchadores sociales o autoridades tradicionales de los pueblos y barrios originarios.

- Informes de violencia física, lesiones y golpes dirigidos a mujeres que defienden la autonomía, así como a chinamperos de San Gregorio Atlapulco.

- Uso indiscriminado de recursos públicos para promoción personal o para favorecer a Erika Rosales.

- Denuncias penales contra autoridades representativas por ejercer sus cargos comunitarios.

- Amenazas de denuncias contra personas que promovieron su revocación de mandato.

- Intentos de toma violenta de espacios comunitarios, como los cementerios.

- Envío de cientos de granaderos para reprimir a los pueblos cuando reclaman el ejercicio de sus derechos, como ocurrió en San Gregorio Atlapulco.

- Violación constante a derechos de consulta respecto a obras de infraestructura en los pueblos y barrios.

- Campañas de acoso digital, criminalización y estigmatización a hombres y mujeres de los pueblos y barrios a través de funcionarios de la alcaldía y perfiles de redes sociales creados desde el área de comunicación social del órgano administrativo.

- Con la autorización directa de Francisco Pastrana Basurto, se ha informado de la destrucción de decenas de casas con la presencia de personas adultas mayores, niñas y niños, violentando derechos de habitantes a una audiencia previa.

- Confrontación del alcalde hacia integrantes de su propio partido y aliados partidistas, como ocurrió en una comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México el pasado 24 de mayo del 2023, donde envió decenas de golpeadores a apoyarlo afuera del recinto legislativo.

La Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco manifestó su rechazo hacia la candidatura de Erika Rosales. Además, los integrantes de este comité hicieron un llamado a todas las fuerzas partidistas, destacando que "los derechos se deben respetar sin importar el color político, y se reafirma el compromiso de seguir luchando por la autonomía y autogobierno de los pueblos y barrios originarios en Xochimilco".

Origen de conflictos y violencia fue en asambleas comunitarias

A partir del año 2019, las Asambleas Comunitarias en Xochimilco, convocadas por el Tribunal Electoral bajo el mandato de José Carlos Acosta Ruiz, han desencadenado diversas tensiones significativas. La primera asamblea en San Luis Tlaxialtemalco marcó el rechazo hacia el Coordinador Territorial, optando por un Consejo de Gobierno independiente de la alcaldía.

Sin embargo, de acuerdo con la coordinación de vecinos, la respuesta de Acosta Ruiz fue imponer Coordinadores Territoriales en todos los pueblos, generando resistencia. Posteriormente, el 13 de enero asambleas en diversos pueblos fueron marcadas por la insistencia de la alcaldía en limitar la discusión a este modelo de representación.

El pueblo de Santa María Nativitas fue testigo de hechos violentos cuando las autoridades tradicionales fueron excluidas de la mesa de debates, resultando en expulsiones con violencia y amenazas por parte de funcionarios de la alcaldía. Estos eventos llevaron a denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Situaciones similares se replicaron en San Francisco Tlalnepantla y San Gregorio Atlapulco, donde la violencia y la falta de diálogo marcaron las asambleas. La imposición de un Consejo de Gobierno enfrenta desde entonces resistencia, evidenciando profundas divisiones en la comunidad.