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El Gobierno de Donald Trump ha iniciado conversaciones con Ruanda y Libia para deportar a ciudadanos extranjeros con antecedentes criminales que han sido detenidos en territorio estadounidense, según reportes de medios como The Washington Post y CNN. La propuesta forma parte de la estrategia migratoria más agresiva del mandatario en su segundo periodo.
Un funcionario ruandés citado por el rotativo estadounidense señaló que la propuesta fue recibida “con entusiasmo” por parte del Gobierno del país africano, e incluso ya habría una lista de nombres de posibles deportados entregada por Washington.
Libia: tercer país seguro
En el caso de Libia, la administración estadounidense busca avanzar hacia un acuerdo formal de “tercer país seguro” que permita enviar ahí no solo a criminales, sino también a solicitantes de asilo interceptados en la frontera de Estados Unidos.
De concretarse, sería uno de los acuerdos más polémicos de esta nueva política migratoria, ya que Libia no cuenta con un sistema legal funcional ni garantías mínimas de protección a derechos humanos.
Esta iniciativa se suma a los acuerdos ya establecidos con países centroamericanos y México, que han aceptado recibir migrantes que no son ciudadanos suyos.
En marzo, más de 200 inmigrantes —en su mayoría venezolanos— fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a las denuncias de organismos internacionales por condiciones inhumanas y trato degradante en ese penal.
Rubio: “Queremos enviarles a los más despreciables”
Durante una reunión del gabinete este miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la estrategia con una declaración contundente: “Estamos colaborando con otros países para decirles: ‘Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables’”.
Para el funcionario, este tipo de acuerdos representan “un favor” que otros países hacen a Estados Unidos. “(Cuanto) más lejos de Estados Unidos, mejor”, remató.
Las negociaciones se amparan en una orden ejecutiva firmada por Trump en enero, que autoriza a la Casa Blanca a buscar acuerdos bilaterales para el envío de migrantes con antecedentes penales o solicitudes de asilo a países dispuestos a recibirlos.
La medida generó reacciones legales: varias organizaciones de derechos civiles han presentado demandas en cortes federales, argumentando que las deportaciones masivas violan el debido proceso y exponen a los migrantes a situaciones de riesgo extremo.