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El Gobierno de Haití declaró estado de emergencia en durante tres meses debido al aumento de la inseguridad en el país. Esto se hace con el fin de facilitar las intervenciones de las autoridades para frenar el avance de las bandas armadas que controlan el territorio caribeño.
“Dada la magnitud de la situación, es imperativo decretar una gran movilización de los recursos y medios institucionales del Estado durante un período de tres meses consecutivos”, señaló el Gobierno en un comunicado en Facebook, en donde se recuerda que la situación de inseguridad tiene graves repercusiones en la vida de los ciudadanos y en los diferentes sectores de la economía nacional.
Estas medidas “permitiran a las autoridades competentes disponer de medios adecuados y eficaces para llevar a cabo sus intervenciones y operaciones en mejores condiciones”, continuó el comunicado.
Esta implementación forma parte de una serie de siete medidas adoptadas en el Consejo de Ministros durante una sesión especial encabezada por el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Fritz Alphonse Jean, acompañado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aime.
Asimismo, el Gobierno informó sobre la creación de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) cuya misión será “aplicar la política del Gobierno en materia de inteligencia y contrainteligencia, así como el tratamiento, la centralización y la síntesis de la información estratégica relativa a la seguridad nacional y la protección de los intereses fundamentales de la nación”.
Un informe publicado el miércoles en Puerto Príncipe por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, en francés) reveló que un total de 1.617 personas murieron y otras 580 resultaron heridas en los primeros tres meses del año a raíz de la violencia desatada por las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, así como por las operaciones de las fuerzas de seguridad.
En base a esta información también se conoce que 161 personas fueron secuestradas entre enero y marzo pasados y alertó sobre abusos de poder.
La ONU añadió que se produjeron 80 ejecuciones extrajudiciales entre enero-marzo, presuntamente cometidas por funcionarios de las fuerzas del orden.