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Un juez federal en Nuevo México desechó este jueves los cargos por invasión de propiedad federal presentados contra decenas de migrantes que fueron detenidos en una recién creada zona militar a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La decisión representa un duro revés para los esfuerzos del gobierno de Donald Trump de aumentar las penas contra quienes cruzan ilegalmente hacia territorio estadounidense.
El magistrado jefe Gregory Wormuth comenzó a archivar los casos desde la noche del miércoles. En sus órdenes, concluyó que los migrantes no sabían que estaban ingresando a una zona militar restringida, por lo que no podían ser acusados por ese delito. La defensa argumentó, con éxito, que no existían señalamientos claros que advirtieran a los migrantes del estatus especial del terreno.
“El juez Wormuth no encontró causa probable”, explicó Amanda Skinner, defensora pública federal adjunta, en un correo electrónico.
Un nuevo territorio de defensa nacional
El llamado “área de defensa nacional de Nuevo México” fue establecido a finales de abril por el Departamento de Defensa a lo largo de un tramo de 180 millas (casi 300 kilómetros) de la frontera sur. Bajo esta designación, el Ejército fue autorizado a detener a cualquier persona que cruzara la línea desde México. La medida fue anunciada como parte de un plan más amplio del gobierno de Trump para alcanzar lo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió como “control operacional del 100%” de la frontera.
Pero la estrategia ha encontrado su primer obstáculo legal. El juez Wormuth ordenó al fiscal federal de Nuevo México, Ryan Ellison —quien presentó los cargos iniciales el 28 de abril—, probar que los migrantes eran conscientes de haber ingresado a una zona militar. Ante la falta de pruebas, los cargos fueron desestimados para todos los acusados que comparecieron este jueves.
Sanciones de hasta 10 años
La administración Trump había acusado a más de 100 personas de cruzar ilegalmente la frontera y de invadir zonas militares tanto en Nuevo México como en Texas. El fiscal general estimaba que la combinación de ambos delitos podría acarrear hasta 10 años de prisión para cada migrante procesado.
Sin embargo, el argumento legal se tambaleó desde el principio. Los abogados defensores señalaron que la zona no estaba adecuadamente señalizada y que no existía forma de que los migrantes —muchos de los cuales apenas hablaban español, y en algunos casos solo lenguas indígenas— supieran que estaban cometiendo un delito adicional por la naturaleza del terreno.
“El escrito de acusación penal no establece causa probable para creer que el acusado sabía que estaba entrando a una zona militar”, escribió el juez Wormuth en su fallo.
Expansión militar bajo escrutinio
La zona en Nuevo México no es un caso aislado. A principios de mayo, el Pentágono anunció la creación de una segunda zona de defensa en el estado de Texas, y advirtió que seguiría expandiendo estos perímetros especiales a lo largo de la frontera. Según Hegseth, el objetivo es convertir el tema migratorio en una cuestión de seguridad nacional con jurisdicción militar directa.
Esta estrategia ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y juristas, que la consideran un abuso del poder militar en asuntos civiles y una criminalización desproporcionada de la migración, especialmente cuando involucra a personas sin antecedentes penales que buscan asilo o reunificación familiar.
Aunque los cargos por invasión fueron descartados, los migrantes siguen enfrentando acusaciones por entrada ilegal al país, delito que puede conllevar deportación inmediata y sanciones penales. No obstante, la decisión del juez Wormuth sienta un precedente que podría debilitar futuros intentos de procesar penalmente a personas por cruzar zonas militarizadas sin advertencia clara.