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Unos 255,000 bebés nacidos anualmente en EU quedarían sin ciudadanía si prospera la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretende eliminar el derecho por nacimiento, según un análisis publicado este jueves por el Migration Policy Institute (MPI).
La iniciativa, actualmente bajo revisión de la Corte Suprema, enfrenta serias dudas legales por su posible contradicción con la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense, vigente desde 1868.
Aunque el dictamen final aún está en suspenso, el informe proyecta consecuencias duraderas. De concretarse, la población indocumentada pasaría de 13.7 millones a 16,4 millones en 2045, y el crecimiento se dispararía hasta un 40% para 2075.
Además, se advierte que la eliminación de este derecho podría fomentar una ola de emigración, como ya ocurre: medio millón de niños nacidos en EU vivían en México en 2020, ya sea por deportación de sus padres o por retorno voluntario.
“Esta creación de una clase de residentes nacidos en EU pero desprovistos de sus derechos de ciudadanía podría sembrar las semillas para una disrupción significativa de la movilidad económica y cohesión social”, advierten los autores del reporte, Jennifer Van Hook, Michael Fix y Julia Gelatt.
‘Turismo de nacimiento’, un fantasma
Uno de los argumentos más repetidos por quienes se oponen a la ciudadanía por nacimiento es el llamado “turismo de nacimiento”, que acusa a mujeres extranjeras de viajar a EU con el único propósito de dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos. No obstante, el MPI subraya que se trata de un fenómeno marginal.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indican que solo alrededor de 9,000 nacimientos al año —de un total de 3.6 millones— corresponden a madres extranjeras no residentes. Cifra que demuestra que la narrativa del “turismo” está ampliamente sobredimensionada frente a su impacto real.
Choque constitucional en la Corte Suprema
La orden ejecutiva fue firmada por Trump apenas en su segundo día de mandato, y apunta directamente contra los hijos de inmigrantes indocumentados y de personas con visas temporales. Sin embargo, ha sido frenada hasta ahora por el fallo de tres tribunales federales que otorgaron un bloqueo temporal a nivel nacional, lo que hoy pone a la Corte Suprema ante una decisión clave.
“Es difícil decir qué sucederá porque hay una Corte conservadora con jueces nominados por el presidente”, explicó a la agencia EFE el analista Thomas Kennedy, de la organización Florida Immigrant Coalition (FLIC). Si bien el consenso entre expertos apunta a que el intento de eliminar la ciudadanía automática no tendrá éxito, el mero debate ha generado confusión y miedo entre las comunidades migrantes.
“Muchos temen que sus hijos ya nacidos puedan perder su ciudadanía de forma retroactiva, aunque la iniciativa no contempla eso. Aun así, crea un ambiente hostil, de persecución”, añadió Kennedy.
Más allá del fondo del tema —el derecho a la ciudadanía—, el enfoque de la audiencia en la Corte Suprema estará en determinar si los tribunales inferiores tienen la potestad de frenar las órdenes del presidente mediante interdictos universales, o si estos bloqueos deben limitarse solo a sus jurisdicciones.
“La Constitución de EU es clara y la Corte Suprema debería respetarla como está escrita”, afirmó Jerry Gonzalez, director ejecutivo del GALEO Impact Fund, una organización latina con sede en Georgia. A su juicio, la ciudadanía por nacimiento está sólidamente protegida por la Enmienda 14.
Sin embargo, Kennedy advierte que un fallo que limite el poder de los tribunales federales frente al Ejecutivo podría dejar la puerta abierta para futuras políticas migratorias aún más restrictivas. Pase lo que pase, el resultado marcará un antes y un después en el sistema de justicia y derechos civiles de EU.