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Registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que líderes de al menos 10 países de América Latina y el Caribe han invertido millones de dólares en firmas de cabildeo para conseguir acceso directo a funcionarios clave de la administración Trump, según una investigación conjunta de The Guardian y el Quincy Institute.
Los contratos, registrados bajo la Foreign Agent Registration Act (FARA), incluyen solicitudes que van desde acuerdos comerciales y asistencia en seguridad, hasta inversiones energéticas y respaldo diplomático.
Desde la campaña presidencial de Donald Trump en 2024, países como El Salvador, Argentina, Ecuador y Colombia han redoblado esfuerzos para influir en la política exterior estadounidense de forma explícitamente transaccional.
“El enfoque de esta administración es directo: relaciones personales y beneficios concretos a cambio de alineamiento ideológico”, explicó Jake Johnston, director de política internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR).
El Salvador y Argentina, casos emblemáticos
El presidente salvadoreño Nayib Bukele, por ejemplo, gastó 1.5 millones de dólares en tres años para conseguir una reunión en la Casa Blanca, un acuerdo en energía nuclear y el respaldo de EU para expandir su megaprisión. En paralelo, Daniel Noboa de Ecuador contrató a Mercury Public Affairs para asegurar una foto con Trump en Mar-a-Lago, mayor apoyo en seguridad y una evaluación favorable de inteligencia estadounidense.
En el caso de Javier Milei, el presidente argentino optó por la vía directa: cenas privadas con Trump, apariciones conjuntas con Elon Musk y presencia en el CPAC conservador. Estos gestos allanaron el camino hacia un acuerdo de 20,000 millones de dólares con el FMI y visitas oficiales del Tesoro estadounidense.
Círculo trumpista
Gran parte de estas gestiones ha sido facilitada por Damian Merlo, lobbista argentino-americano radicado en Miami y exvicepresidente de la firma de Otto Reich, otro veterano republicano con largo historial en América Latina. Merlo firmó contratos clave con Bukele y Milei, y participa en la firma Tactic Global, que organizó el CPAC Argentina y reuniones en Los Ángeles con líderes de Paraguay y Ecuador.
En la cúpula del engranaje latinoamericano del trumpismo destacan también Mauricio Claver-Carone, ahora enviado especial para América Latina, y Marco Rubio, secretario de Estado. Ambos han cultivado redes de influencia que se extienden desde el Senado hasta firmas privadas como Continental Strategy, que ha sumado 50 nuevos clientes en 2025, incluyendo a Haití, Guyana y República Dominicana.
Intereses cruzados
Continental, donde trabajan allegados de Susie Wiles (jefa de gabinete de Trump) y excolaboradores de Rubio, fue clave en el acuerdo de 23,000 millones de dólares para que un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company tomara control de puertos estratégicos, desplazando a China. Trump lo presentó como “la recuperación del canal de Panamá”.
Mientras tanto, países como Panamá, Colombia y Honduras optaron por una estrategia dual, contratando tanto a aliados demócratas como republicanos. Panamá, por ejemplo, firmó un contrato de 2.5 millones con BGR Group, que incluye al estratega demócrata Manuel Ortiz y al trumpista David Urban.
Colombia renovó su contrato con Squire Patton Boggs antes de la elección de Trump, y Honduras amplió su acuerdo con Arnold & Porter, que incluye a Hugo Llorens, exembajador de EE.UU., y a Tom Shannon, exdiplomático de carrera en tres administraciones.
Aunque América Latina no es la región que más gasta en cabildeo en Washington, el volumen y la intensidad han aumentado considerablemente con el retorno de Trump. “La centralidad de Florida en esta administración y su conexión directa con la política latinoamericana han elevado la relevancia de la región como nunca antes”, concluye Johnston.
En este nuevo ciclo, la región no solo busca ayuda, sino visibilidad, alineamiento estratégico y blindaje político, jugando el juego transaccional que impone la Casa Blanca.