La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves, con apoyo exclusivo del Partido Republicano, un ambicioso paquete de gasto y recorte fiscal que incluye un monumental aumento de más de 150 mil mdd en fondos para ejecutar la agenda migratoria del presidente Donald Trump.
El plan, que aún debe superar el Senado, respalda el objetivo declarado de la administración: llevar a cabo la mayor operación de deportaciones en la historia del país.
El proyecto destina más de 51 mil mdd a la construcción y mejora de muros fronterizos e instalaciones de detención, y 59 mil millones más a transporte y logística para facilitar expulsiones.
En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —cuyo presupuesto anual supera los 100 mil millones— recibiría la mayoría de los fondos.
El “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Tom Homan, celebró la votación en redes sociales: “Este paquete nos da el dinero y el personal necesario para intensificar nuestras operaciones de deportación. La seguridad fronteriza no debería ser un tema partidista. ¡Hagámoslo ya!”, escribió en X.
Según cifras oficiales, el proyecto permitiría sumar 10,000 nuevos agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas), 8,500 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, y elevar el número de camas de detención de 41,000 a 100,000.
Infraestructura para deportar a un millón
El gobierno de Trump ha prometido deportar a un millón de personas en su primer año en funciones, pero sus operativos han avanzado más lentamente de lo previsto. A pesar de cifras infladas por la propia administración, datos federales indican que la tasa diaria de deportaciones es incluso inferior a la registrada bajo el mandato de Joe Biden en 2024.
Analistas advierten que los desafíos logísticos para expandir rápidamente esta infraestructura son enormes. “Se pueden firmar contratos con relativa rapidez, pero contratar y formar personal para el gobierno lleva tiempo”, explicó Theresa Cardinal Brown, exfuncionaria del DHS y actual investigadora en Cornell.
Además, muchos países siguen sin aceptar vuelos de repatriación, lo que complica aún más la agenda de deportación masiva.
Más centros de detención privados
La empresa CoreCivic, que opera centros de detención privados, anticipa un aumento sustancial de contratos si el plan se convierte en ley. Su director ejecutivo, Damon Hininger, declaró en una llamada con inversionistas que espera nuevos acuerdos con ICE en cuanto se establezca el presupuesto.
El plan también contempla nuevas tarifas para inmigrantes. Por ejemplo, los solicitantes de asilo deberán pagar $1,000 por la solicitud y otros $550 por un permiso de trabajo. Las familias estadounidenses que patrocinen a menores no acompañados deberán abonar $3,500, y un cargo adicional de $5,000 si no asisten a las audiencias migratorias.
Aunque los republicanos del Senado han mostrado disposición a respaldar el aumento de fondos migratorios, algunos senadores clave han cuestionado la necesidad de asignar 46.5 mil millones a muros y barreras, especialmente cuando los cruces fronterizos están en su punto más bajo en décadas.
“No veo por qué gastar tanto en detención si ni siquiera están procesando solicitudes de asilo”, criticó el senador demócrata Chris Murphy.
El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, reconoció el valor simbólico del muro, pero pidió “revaluar prioridades” ante el control del 95% de la frontera. Su colega Ron Johnson (R-Wisconsin) fue más tajante: “Es más dinero del necesario”.
Desde el lado de los derechos humanos, la preocupación es profunda. Heidi Altman, vicepresidenta del National Immigration Law Center, alertó: “Este proyecto es una carta blanca para ampliar una política que ya viola derechos básicos. Habrá muchas, muchísimas deportaciones injustas” (con información de Agencias).