Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado su cruzada por domesticar el pensamiento crítico en EU. Mediante órdenes ejecutivas que arrancan de raíz la diversidad ideológica y sofocan el debate, su gobierno impulsa un aparato de vigilancia con el ropaje de la corrección moral.
Sabemos que no se trata de una reforma. Es una purga ideológica cuidadosamente orquestada. “Los límites del poder sólo pueden encontrarse donde comienza la resistencia del espíritu”, escribió Albert Camus. Frente al torbellino que sacude al sector académico estadounidense, Harvard no se arrodilla. Obstinada y valiente, parece decidida a no dejarse pegar.
La medida contra Harvard, de revocar su permiso para inscribir estudiantes internacionales, representa una escalada del acoso a la institución de educación superior más antigua y rica del país.
Acusada de incitar el “antisemitismo” y el “terrorismo” en su campus, Harvard ha visto congelados más de 2,700 mdd en fondos federales y enfrenta la amenaza de perder su exención fiscal.
Claves de la disputa
Este jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por Kristi Noem, revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) de Harvard. La carta de Noem establece la suspensión “con efecto inmediato”, prohibiendo la admisión de nuevos estudiantes internacionales y urgiendo a los actuales a transferirse o enfrentar la pérdida de su estatus legal.
La decisión, según el DHS, responde a la negativa de Harvard a entregar información confidencial sobre estudiantes extranjeros, incluyendo grabaciones que identifiquen a manifestantes en el campus. “Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes internacionales”, afirmó Noem.
El verdadero mecanismo del castigo es el sistema SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), una base de datos gestionada por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que permite a las universidades registrar a estudiantes internacionales y demostrar que están inscritos a tiempo completo, tal como exige su visa.
Sin acceso a SEVIS, Harvard no puede mantener el estatus legal de sus estudiantes internacionales, aunque estos tengan visas vigentes. Esta es la vulnerabilidad que el gobierno ha decidido explotar.
Unos 6,800 estudiantes internacionales -el 27% del alumnado- podrían verse afectados. Desde 2010, el número ha crecido un 19.7%, en parte gracias a las elevadas matrículas que estos alumnos pagan. El golpe llega al cierre del curso 2024/2025, pero podría comprometer el verano académico y el ciclo 2025/2026.
Al no poder registrarlos en SEVIS, Harvard deja a estos estudiantes en un limbo legal: quienes no logren transferirse a otra universidad podrían ser deportados por incumplimiento de su estatus migratorio. Los estudiantes graduados tienen 60 días para salir del país o cambiar su estatus. Pero con el acceso a SEVIS cortado, no está claro si quienes planeaban continuar en Harvard después del verano podrán quedarse.
Harvard reaccionó de inmediato con un comunicado en el que calificó la decisión de “represalia” y “ilegal”. “Esta represalia amenaza con causar graves daños a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard”, dijo el portavoz James Newton.
Regulación como arma política
La capacidad para otorgar visados corresponde al gobierno federal, pero la decisión en bloque sin revisión individual podría ser impugnada judicialmente. Harvard ya presentó demandas para detener la medida y se espera que solicite una suspensión cautelar en los tribunales.
De hecho, este mismo jueves la jueza Allison D. Burroughs emitió una orden de restricción temporal contra el edicto federal, coincidiendo en que Harvard había demostrado que su implementación causaría “daño inmediato e irreparable” a la universidad.
Un artículo de The New York Times cita las palabras de Carl Tobias, profesor de derecho en la Universidad de Richmond, quien señala que Harvard argumentará que las acciones de Noem son “arbitrarias y caprichosas” y que violan la ley al desmantelar efectivamente su programa internacional. La abogada de inmigración Stacy Tolchin asegura que la universidad tiene una base sólida para alegar represalia por actividades protegidas por la Primera Enmienda.
El ataque se inscribe en una estrategia más amplia: utilizar la regulación migratoria, fiscal y presupuestal como armas políticas. A corto plazo, Harvard buscará frenar la medida legalmente y proteger a su comunidad internacional.
A largo plazo, la confrontación plantea una pregunta más amplia sobre la libertad académica bajo un gobierno que persigue la disidencia con instrumentos administrativos.
La disputa es más que un conflicto legal: es una advertencia del modelo de universidad que Trump quiere imponer. Una universidad subordinada, vigilada y alineada. En su cruzada ideológica, Harvard se ha convertido en el blanco más simbólico de un gobierno decidido a moldear el pensamiento desde la intimidación estatal.
El caso de Harvard no es aislado. La Universidad de Columbia también es señalada por la administración Trump. Según la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Columbia violó el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 al mostrar una “deliberada indiferencia” frente al acoso a sus estudiantes judíos.
La investigación documenta un entorno hostil desde octubre de 2023 que, según el gobierno, ha afectado su seguridad, bienestar y derecho a la educación. El gobierno ahora presiona a Columbia para que adopte “cambios significativos” o se arriesgue a perder fondos federales.
La ofensiva de Trump es una inquisición moderna contra las universidades rebeldes. Zumba con eco de represión histórica y se levanta como polvareda negra por el país.