Un juez argentino resistió la presión de sectores cercanos al gobierno del ultraderechista Javier Milei, que exigían cárcel para la expresidenta Cristina Fernández, de 72 años, y concedió este martes el beneficio de la cárcel domiciliaria. La líder peronista fue sentenciada la semana pasada a seis años de prisión por el llamado caso Vialidad.
El auto del juez Jorge Luciano Gorini deja sin efecto su comparecencia ante el tribunal, lo que significa que Fernández ya está presa y que ha entrado en vigor la condena.
El magistrado otorgó a Fernández, quien también fue condenada a inhabilitación perpetua a cargo público, otorgó el cumplimiento de la condena en su domicilio del barrio capitalino de Constitución, rodeado de simpatizantes de la expresidenta desde la semana pasada.
Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández (2007-2015), afirmó este martes que la decisión de la Justicia de conceder a la expresidenta argentina el beneficio de la prisión domiciliaria es una “victoria del pueblo”, pero —agregó— “no alcanza” porque “es inocente”.
“Este no es solo un triunfo técnico-jurídico. Es, por sobre todo, una victoria del pueblo movilizado, de la dignidad frente al odio y de una líder que jamás renunció a sus convicciones, aun en la adversidad”, sostuvo el letrado en la red social X.
Prohibido alborotar
El juez le impuso a Fernández una serie de condiciones, entre ellas, que no podrá abandonar su domicilio “salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”.
También deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la “convivencia pacífica” de sus habitantes.
En un plazo de 48 horas, Fernández deberá presentar ante la Justicia un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin autorización judicial.
El cumplimiento de estas condiciones deberá ser supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que elevará a la Justicia un informe cada tres meses para evaluar el grado de acatamiento de las reglas impuestas.
Humillada con brazalete electrónico
El juez ordenó colocar a Fernández un dispositivo de vigilancia electrónico. Los abogados de la expresidenta habían solicitado que no se le colocara dicho dispositivo al considerar que no era posible la fuga y para evitar que fuera humillada.
Las leyes argentinas prevén la cárcel domiciliaria cuando, por ejemplo, la persona condenada es mayor de 70 años, un beneficio que la Justicia puede o no conceder. Fernández cumplió 72 años el pasado febrero.
Los delitos
En 2022, un tribunal oral condenó a Fernández por el delito de administración fraudulenta en prejuicio del Estado en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y en el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
Fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El pasado 10 de junio, la Corte Suprema dejó firme ese fallo y la defensa de la exmandataria solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria.
Al momento de formular ese pedido, además de señalar la edad de Fernández, su defensa también apuntó a su condición de exjefa de Estado y el antecedente del intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
La Fiscalía expresó en un escrito difundido este martes su rechazo al otorgamiento de la prisión domiciliaria al alegar que “no se advierten las razones humanitarias” que justificarían tal decisión.
¿Quién es el juez que dictó prisión domiciliaria?
El juez Gorini integró el tribunal que juzgó y condenó en 2022 a la expresidenta
De 57 años, el magistrado integra el Tribunal Oral Federal número 2 desde 2011, cuando fue nominado y designado con el aval del bloque oficialista en el Congreso durante el segundo mandato de Cristina Fernández.
En su cargo actual, fue uno de los jueces que condenó en 2012 a la exministra de Economía Felisa Miceli por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público tras el hallazgo en su despacho de una bolsa con dinero cuyo origen no pudo justificar.
Gorini también intervino en el caso de irregularidades en la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y en el primer juicio por un siniestro ferroviario en Buenos Aires, ocurrido en 2012 y en el que murieron más de 50 personas.
El 15 de septiembre de 2022, meses antes de firmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández, por irregularidades en la concesión de obras viales, la custodia judicial de Gorini denunció la aparición de un paquete sospechoso en la puerta de su casa, en el barrio de Villa del Parque.
El paquete fue detonado de manera preventiva por el Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y resultó estar relleno con frutas (con información de EFE).