Tres jueces de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador decidieron por unanimidad condenar este lunes a 13 años de cárcel al exvicepresidente correísta Jorge Glas por peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, el caso que le llevó a solicitar asilo a la Embajada de México en Quito y a ser sacado por la fuerza en un violento asalto la sede diplomática cuando le fue concedido, lo que provocó la ruptura de relaciones.
Junto a Glas, que estuvo en la sala de audiencias de manera presencial, también fue condenado a los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, quienes además deberán pagar una multa de 60 salarios básicos unificados (28,200 dólares) y una indemnización de 250 millones de dólares.
El tribunal determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para “abusar de dineros públicos arbitrariamente” que debían ser utilizados “para la atención a las víctimas del terremoto”.
Los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, que durante el juicio del caso denominado como Reconstrucción, aseguró que Glas, quien presidió el Comité, y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.
El financiamiento de estas obras, algunas de ellas inconclusas o catalogadas como innecesarias, salió de fondos de la Ley de Solidaridad, que fue creada para paliar los daños del sismo.
Aunque los jueces admitieron que ninguno de los dos condenados suscribieron los 11 contratos no prioritarios “debieron aprobar la priorización de obras”.
“Este no es el juzgamiento de un delito político ni es una decisión política, aquí se trata de fondos que no se usaron en favor de las víctimas del terremoto, quienes hasta la presente fecha sufren el dolor de la pérdida, por lo que es necesario reparar los daños causados por las actuaciones realizadas por Jorge Glas y Carlos Bernal”, reza la sentencia.
Correa estalla
Correa, quien se encuentra exiliado en Bélgica, de donde es su mujer, para evitar, precisamente una persecución política y judicial, afirmó que los corruptos son los tres jueces y señaló que “la sentencia ya estaba escrita, solo faltaba el juicio”.
“¡Esto es escandaloso! ¿No queda reserva moral en la justicia ecuatoriana? Jorge Glas y Carlos Bernal condenados por peculado, por hacer obras de forma ‘arbitraria’, cuando su función era precisamente priorizar las obras de reconstrucción y reactivación. Manabí, Esmeraldas: ¿permitirán tanto abuso? La sentencia ya estaba escrita, solo faltaba el juicio. ¡Sinvergüenzas!”, dijo Correa.
Ruptura de relaciones con México
Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), ya cumple en la cárcel una pena ocho años a raíz de dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, en el que Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente.
A finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica e irregular resolución judicial y permaneció en libertad durante algo más de un año, hasta que a finales de 2023 llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo, al advertir que la Fiscalía buscaba procesarlo por este mismo caso.
Meses después, el 5 de abril de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó asaltar la sede diplomática para detener a Glas, una vez que el Gobierno mexicano le había concedido un asilo al considerarlo un “perseguido político” y desde ese día está recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país.
El ingreso a la embajada derivó en la ruptura de las relaciones entre ambos países y a un litigio en la Corte Internacional de Justicia, donde México acusa a Ecuador de haber roto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y Ecuador culpa al país norteamericano de haber contravenido los tratados que regulan el asilo diplomático.