La jueza federal de California, Maame Frimpong, ordenó al gobierno del presidente Donald Trump detener en el sur del estado las redadas migratorias indiscriminadas en las que se arresta a personas con base en su perfil racial, como color de piel o el idioma que hablan.
Maame Frimpong emitió también una orden que prohíbe al Gobierno federal restringir el acceso de los abogados en un centro de detención de migrantes en Los Ángeles. La decisión de la magistrada llega tras la demanda que presentaron defensores de migrantes y familias que han sido víctimas de esta cacería migrante, que denuncian que en los operativos se cometen violaciones constitucionales y de perfil racial. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha rechazado estas imputaciones y asegura que son “repugnantes y categóricamente falsas”. Al respecto, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), uno de los grupos que representan a los demandantes, resaltó en un comunicado que la orden de la jueza “prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable”. Asimismo, señala que también prohíbe que las detenciones se basen en factores como la raza o etnia, el hablar español o inglés con acento; el tipo de empleo y la presencia en determinados lugares como estaciones de autobús, lavaderos de autos o explotaciones agrícolas. La segunda “ordena al DHS que proporcione acceso a un abogado entre semana, fines de semana y días festivos a las personas detenidas en el B-18, el edificio federal en el centro de Los Ángeles”. Las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles comenzaron hace un mes y han provocado un fuerte rechazo social e incluso fuertes enfrentamientos con los agentes, lo que ha convertido a California en un símbolo de resistencia contra el Gobierno de Trump. La demanda contra la cacería fue motivada después de que el pasado 22 de junio hombres enmascarados que apenas portaban un chaleco con escudos de la Patrulla Fronteriza detuvieron a varios trabajadores de forma violenta, como quedó registrado en videos que se volvieron virales. Uno de los dueños del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los supuestos agentes ingresaron a la fuerza a partes restringidas al público como los túneles donde está la maquinaria y confirmó que en los arrestos se usó fuerza excesiva. Los múltiples testimonios de los familiares de los detenidos coincidían en que ellos estaban incomunicados y que los arrestos estaban basados en perfil racial. “Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU SoCal, tras conocerse la decisión de la jueza. (Información de agencias)