La política migratoria de Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más duros en décadas. Bajo el segundo mandato del expresidente Donald Trump, se ha reactivado una serie de órdenes ejecutivas que priorizan la detención masiva de personas migrantes, incluso sin antecedentes penales, provocando cifras récord de reclusión y un preocupante retroceso en materia de derechos humanos.
De acuerdo con un informe reciente de Human Rights Watch, más de 56 mil personas se encuentran detenidas diariamente en centros migratorios del país, la cifra más alta desde que existen registros. Solo en el primer semestre de 2025, el número de personas en custodia de ICE creció un 40 por ciento respecto al año anterior, y casi el 72 por ciento de los detenidos no tenía antecedentes criminales.
El documento pone especial atención en tres instalaciones ubicadas en Florida —Krome North, el Centro de Transición Broward y el Centro de Detención Federal— donde las condiciones de detención no solo son inhumanas, sino que también violan estándares internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, y las conocidas Reglas Mandela de las Naciones Unidas.
Los testimonios recabados son estremecedores. Personas detenidas relataron haber sido encadenadas durante horas en autobuses sin acceso a agua ni sanitarios, forzadas a dormir en pisos de concreto bajo luz fluorescente constante y privadas de atención médica básica, incluso en situaciones de urgencia. Mujeres fueron recluidas por días en celdas improvisadas con un solo baño insalubre, mientras que hombres con enfermedades crónicas fueron trasladados sin medicamentos ni diagnóstico.
Además de las condiciones físicas, el informe documenta tratos crueles y humillantes por parte del personal. Detrás de las rejas, pedir apoyo psicológico puede ser motivo de castigo: en el Centro de Transición Broward, personas que reportaron angustia emocional fueron enviadas a confinamiento solitario por semanas. La represión no es solo física, sino también emocional, con tácticas que deshumanizan y aíslan a quienes se encuentran en custodia.
Este panorama se ha visto agravado por nuevas medidas como la Ley Laken Riley, que establece la detención obligatoria para personas inmigrantes acusadas de delitos menores, incluyendo el robo o el hurto. Asimismo, se han multiplicado los acuerdos de colaboración entre ICE y autoridades locales en Florida, conocidos como 287(g), que permiten a las policías locales actuar como agentes migratorios. Este estado ya suma más de 223 convenios de este tipo, una cifra muy por encima del promedio nacional.
El informe también denuncia una serie de políticas federales recientes que han debilitado el derecho al asilo, permitido deportaciones aceleradas y justificado la detención en lugares remotos y sin acceso a representación legal. La eliminación del protocolo que impedía operativos migratorios en escuelas, iglesias y hospitales ha provocado que muchas personas opten por no acudir a servicios básicos por miedo a ser arrestadas.
Más allá de las cifras y leyes, el informe de Human Rights Watch expone el impacto humano de una política centrada en la detención y el castigo, no en la dignidad o la justicia. “Te tratan como basura”, dice un migrante colombiano detenido durante 63 días sin haber cometido delito alguno. “Es como un abuso psicológico... sientes que tu vida se acabó”.
El regreso de estas prácticas genera preocupación en organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes exigen al gobierno estadounidense poner fin a las detenciones indiscriminadas, eliminar el uso del confinamiento solitario, garantizar atención médica adecuada y establecer mecanismos independientes de supervisión.
Lo que está en juego, concluye el informe, no es solo el trato que recibe una población vulnerable, sino también el respeto a principios universales que Estados Unidos se comprometió a defender.