
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha iniciado una investigación formal contra la Universidad de Harvard para evaluar su participación en el Programa de Visitantes de Intercambio, a través del cual recibe a estudiantes y profesores internacionales. La medida responde a crecientes inquietudes del gobierno federal respecto al manejo de este tipo de visados por parte de instituciones educativas.
Según el comunicado oficial firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, la indagatoria busca asegurar que Harvard cumpla estrictamente con las disposiciones del programa, el cual está diseñado para promover el entendimiento cultural mutuo y fortalecer los lazos internacionales. Sin embargo, las autoridades advierten que estos intercambios no deben comprometer los intereses de seguridad nacional ni interferir con los objetivos de política exterior del país.
“El compromiso de los patrocinadores debe ser total: respetar la normativa, actuar con transparencia y garantizar entornos seguros para todos los participantes”, subrayó Rubio. El funcionario también enfatizó que este proceso pretende verificar que los programas del Departamento de Estado estén alineados con los intereses nacionales.
Esta investigación ocurre en un momento de tensión entre la administración del presidente Donald Trump y Harvard. El enfrentamiento ha escalado en los últimos meses y forma parte de una serie de acciones del gobierno dirigidas contra instituciones educativas que, a juicio de la Casa Blanca, podrían estar actuando fuera del marco legal o desviándose de las prioridades nacionales.
El conflicto se recrudeció esta misma semana durante una audiencia en Boston sobre la decisión del Ejecutivo de bloquear fondos federales destinados a Harvard. Aunque no se emitió un fallo definitivo, la jueza federal a cargo del caso expresó fuertes dudas sobre la legalidad de esa medida.
En otro episodio reciente, el gobierno intentó impedir la inscripción de estudiantes internacionales en esta universidad. Aquella iniciativa fue detenida por la misma jueza federal, quien ordenó suspender indefinidamente su aplicación.
Pese a los desencuentros, el presidente Trump afirmó en junio que era “posible” alcanzar un acuerdo con Harvard, y sostuvo que había diálogo abierto entre su administración y la institución, aunque no ofreció detalles al respecto.
Este caso se suma a otras investigaciones similares promovidas por el Departamento de Educación, que ha puesto su atención sobre cinco universidades públicas estadounidenses. El objetivo es verificar si sus sistemas de becas discriminan a estudiantes con base en su estatus migratorio, priorizando a jóvenes indocumentados o beneficiarios del programa DACA, conocidos como “soñadores”.
Entre las instituciones señaladas se encuentran las universidades de Miami, Louisville, Nebraska Omaha, Míchigan y Míchigan Occidental.
(Con información de EFE)