El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha sido sentenciado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria, una pena que será de aplicación inmediata. Se convierte de esta manera en el primer mandatario colombiano de la historia juzgado y condenado penalmente, en su caso por sobornar a un testigo para declarase a su favor y negase lazos con organizaciones paramilitares terroristas.
La sentencia, que fue filtrada poco antes de la lectura pública convocada por la jueza Sandra Heredia, podrá ser recurrida por la defensa de Uribe, quien se libra de la cárcel por su edad, 73 años, siguiendo los pasos de la expresidenta Cristina Fernández, 72 años, en arresto domiciliario desde el 17 de junio de 2025 para cumplir una pena de seis años de corrupción.
La jueza también comisiona al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia donde reside el expresidente, para expedir “la correspondiente boleta de encarcelación” y “proceder a su traslado inmediato a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos”.
El lunes, Heredia anunció su fallo, que señala al exmandatario como culpable de fraude procesal y soborno por burlar a la justicia, en 2017 y 2018, cuando sus emisarios ofrecieron beneficios a exparamilitares para que declararan a su favor en tribunales.
Apelará la sentencia
Esta sentencia no pone, sin embargo, punto final a un proceso judicial que lleva abierto ya 12 años. Por ser un fallo en primera instancia, la defensa del expresidente ya ha anunciado que apelará y el caso pasa ahora a manos del Tribunal Superior de Bogotá, que debe pronunciarse antes de mediados de octubre para que no prescriba.
Si el Tribunal Superior de Bogotá mantiene en pie el fallo de Heredia, la defensa tiene incluso la posibilidad de seguir escalando su apelación hasta la Corte Suprema de Justicia, donde precisamente empezó este periplo judicial.
Un tiro por la culata en la cara de Uribe
En 2014, el expresidente Uribe denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por sobornar a testigos. Esta denuncia surgió luego de que Cepeda liderara en 2012 varios debates en el Congreso donde presentó testimonios que vinculaban a Uribe y a su hermano con grupos paramilitares.
Sin embargo, la Corte archivó la denuncia contra Cepeda en 2018 y, en un giro inesperado, abrió una investigación contra Uribe, alegando que fue él quien buscó sobornar testigos.