Cientos de personas con discapacidad, familiares, profesionales de la salud y organizaciones sociales se concentraron este martes frente al Congreso argentino para exigir que se restablezca la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, vetada el lunes por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 534/2025. La manifestación se replicó en plazas de varias provincias y estuvo marcada por un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y momentos de tensión.
Reclamo por derechos y fondos
La norma vetada declaraba la emergencia en el sector hasta diciembre de 2026, habilitaba una nueva pensión no contributiva compatible con empleo formal y preveía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. El Gobierno calculó que la iniciativa implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, argumento central para justificar su rechazo por “falta de sustento fiscal”.
Bajo el lema “La discapacidad no espera”, los manifestantes denunciaron que el veto profundiza la crisis del colectivo, ya afectado por recortes en pensiones, terapias y programas de acompañamiento. “Estamos defendiendo derechos fundamentales. Aquí hay personas amputadas y con parálisis cerebral; traer a la Gendarmería es innecesario”, reclamó una de las participantes ante la prensa.
Operativo de seguridad y denuncias de represión
El Ministerio de Seguridad activó el protocolo antipiquetes y desplegó efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional que, según testigos, avanzaron sobre la multitud a empujones cuando ésta intentó cortar la calzada de la Avenida Rivadavia. Organizaciones de derechos humanos acusaron a la cartera que encabeza Patricia Bullrich de “uso desproporcionado de la fuerza”, mientras la funcionaria defendió el operativo alegando que buscó “garantizar la libre circulación”.
Aunque no se reportaron heridos de gravedad, sí se registraron situaciones de pánico entre personas en sillas de ruedas y cuidadores, obligadas a retroceder ante la presión policial. “Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela especial a que me golpeen”, dijo una madre visiblemente emocionada, reflejando el clima de angustia.
Contexto político y próxima batalla legislativa
El veto se da en medio de un ajuste fiscal que ya tumbó otras dos leyes que aumentaban jubilaciones mínimas y habilitaban una nueva moratoria previsional. Para revertir la decisión presidencial, la oposición necesitará dos tercios de los votos en ambas cámaras; de lograrse, Milei anticipó que judicializará el tema.
Senadores de bloques peronistas y federales anunciaron que intentarán tratar el veto en la próxima sesión, mientras que las organizaciones convocantes anunciaron una “Marcha Federal” si el Parlamento no insiste con la ley.
Impacto económico y social
Según la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez se mantiene congelada en 217.000 pesos mensuales y los talleres protegidos perciben 28.000 pesos al mes desde febrero de 2023, montos que han perdido más del 50 % de su poder de compra tras la aceleración inflacionaria. Además, la Agencia Nacional de Discapacidad planifica nuevos recortes que afectarán a unas 400.000 pensiones, denunció la entidad.
Próximos pasos
Las organizaciones evalúan presentar un amparo colectivo y recurrir a la Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, profesionales del área de discapacidad mantienen un paro de 24 horas y advirtieron que, sin aumento de aranceles, peligran miles de terapias y centros de día.
Con el escenario social caldeado y la presión internacional —incluidos pronunciamientos de Human Rights Watch y la ONU—, el oficialismo enfrenta una prueba clave sobre su estrategia de ajuste. Para las familias movilizadas, el mensaje fue contundente: “No pedimos caridad, pedimos vivir con dignidad. Y eso sólo se logra con políticas públicas sostenidas, no con vetos que nos empujan al abandono”.