Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una fuerte disputa con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones desde que el pasado 31 de julio sus líderes fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad para aislarlos, lo que ha provocado motines en los centros penales.
“Para hacer un movimiento como el traslado de los líderes de las pandillas, el Gobierno tuvo que haber previsto toda esta reacción, pero o no lo hicieron o no se está reaccionando como se debe, porque los motines están brotando casi todos los días y agarran con facilidad a los guardias como rehenes”, expuso la directora de la organización no gubernamental Movimiento ProJusticia y directora de la asociación Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Carmen Aída Ibarra.
“Lo que se percibe es que no hay inteligencia civil o inteligencia estratégica, hay un mal manejo del Sistema Penitenciario”, agregó.
Asimismo, indicó que en los antiguos gobiernos “no se combatió a los crímenes que se planifican desde las cárceles y tienen a la población a merced de la delincuencia, sin embargo, la administración actual si los está combatiendo”, expresó.
Las revueltas han sido constantes estas últimas semanas por parte de miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, debido al traslado reciente de sus líderes a la cárcel de máxima seguridad denominada “Renovación I”.
El traslado de los líderes de las pandillas se realizó el pasado 31 de julio debido al asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca dos días antes, presuntamente a manos de miembros de la Mara Salvatrucha, durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival Barrio 18, asesinado el 28 de julio.
Los delincuentes fueron enviados desde varias prisiones a la cárcel Renovación I, inaugurada durante el Gobierno actual y ubicada en el departamento de Escuintla, a unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.
Tanto el presidente Arévalo de León, como el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, precisaron que no darán marcha atrás en la decisión del traslado de los líderes de las pandillas.
De acuerdo con cifras oficiales y de organizaciones no gubernamentales, durante 2024 hubo alrededor de 25 mil denuncias por extorsiones a comerciantes, conductores de autobuses y empresas, valoradas en miles de millones de quetzales, en su mayoría provenientes desde las cárceles. (Con información de EFE)