Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea, aprobó este viernes desde el parlamento la renuncia del Gobierno encabezado por Rosen Zhelyazkov.
La dimisión, presentada un día antes, llegó después de que enormes manifestaciones que congregaron a miles de personas a las calles para pedir su salida entre acusaciones de corrupción y malas prácticas dentro del Ejecutivo.
Zhelyazkov, que llevaba solo once meses al frente de un gobierno formado por el conservador GERB, el Partido Socialista Búlgaro y el populista ITN, defendió que su salida responde al hartazgo social.
“Escuchamos lo que la gente está pidiendo”, dijo el primer ministro, quien presentó su renuncia antes de que se votara una nueva moción de censura, la sexta desde su llegada al poder el 15 de enero.
El descontento explotó a finales de noviembre, lo que dio inició a un rechazo al proyecto de presupuesto para 2026, el cuál incluía nuevos impuestos y recortes al gasto social, se transformó en protestas masivas contra la figura del oligarca Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido por corrupción.
Con la renuncia ya formalizada, la Constitución obliga al presidente, Rumen Radev, a iniciar conversaciones con las fuerzas políticas y ofrecer hasta tres intentos para formar un nuevo Gobierno, empezando por GERB, el partido con más votos.
Sin embargo, Boyko Borisov, líder del GERB y ex primer ministro, adelantó que no buscará alianzas y ninguno de los otros seis partidos parece capaz de reunir una mayoría en un Parlamento dividido.
Si los tres intentos fracasan, el país deberá ir a nuevas elecciones, lo que significaría los octavos comicios generales desde 2021.
La prensa local señala que la favorita para encabezar el eventual Gobierno interino es Raya Nazaryan, presidenta del Parlamento y figura destacada del GERB.
Pese a que el presupuesto fue retirado, las protestas no terminan; las marchas convocadas por el partido opositor PP-DB han reunido a miles de jóvenes, quienes proyectaron mensajes como “La mafia fuera del poder” en edificios públicos.
Una encuesta reciente muestra que el 82 por ciento de los ciudadanos exige un cambio profundo en la forma de gobernar y un sistema judicial más eficiente.