La muerte de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que recibió la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), llevó a la administración de Donald Trump a solicitar una investigación formal sobre cómo se gestionó su caso.
La instrucción fue enviada a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que deberá recopilar información sobre el proceso, según publicó el *New York Post*.
¿Por qué intervino Estados Unidos?
Funcionarios estadounidenses dijeron al medio, bajo anonimato, que les preocupa cómo se aplicó la ley de eutanasia en España en un caso que no era terminal y que involucraba una condición física severa, pero no psiquiátrica.
De acuerdo con el cable diplomático citado por el Post, consideran que pudieron existir fallas en los mecanismos de protección para personas vulnerables.
También señalaron que Noelia habría manifestado “dudas” en ciertos momentos del proceso y temen que esas señales no fueran valoradas adecuadamente antes de autorizar el procedimiento.
El camino judicial de Noelia Castillo
Noelia padecía paraplejia y llevaba más de año y medio en un proceso legal para acceder a la eutanasia. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó su solicitud en julio de 2024, después de analizar su expediente y confirmar que cumplía con los requisitos establecidos por la ley española de muerte asistida.
El caso fue revisado en varias instancias. El juzgado que primero autorizó la aplicación y, más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña coincidieron en que no existían elementos que indicaran falta de capacidad mental o presión externa. Según ambas resoluciones, la decisión de Noelia se mantuvo firme desde abril de 2024.
Críticas y cuestionamientos desde España
José María Fernández, presidente de la Fundación Abogados Cristianos, declaró que esperaban que la joven reconsiderara su decisión “hasta el último momento”, algo que no ocurrió. Para él, el caso representa un “fracaso del sistema sanitario”.
La organización ya había cuestionado anteriormente la aplicación de la ley de eutanasia en casos similares y considera que el proceso, pese a ser legal, deja dudas sobre el acompañamiento emocional y médico que reciben los solicitantes.
Con el interés del gobierno estadounidense, la Embajada de EU en Madrid deberá recabar información adicional sobre la forma en que se aplicó la ley en este caso, un proceso que podría abrir un debate internacional sobre los límites y garantías de la eutanasia en personas jóvenes con sufrimientos crónicos.
Mientras tanto, las autoridades españolas sostienen que el procedimiento se realizó conforme a la legislación vigente y con la supervisión de los comités correspondientes.