¿Tierra Santa o tierra maldita? Jerusalén, la ciudad sagrada para el judaísmo, el cristianismo y el islam; la ciudad donde fueron destruidos los templos de Salomón y Herodes, donde fue crucificado Jesús y donde Mahoma ascendió al Cielo tras su muerte en La Meca, es ahora, más que nunca, el centro de los odios interreligiosos, de la muerte y de la destrucción.
Jerusalén vive su Semana de Pasión en plena guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, la respuesta del régimen chiita en forma de ataques con drones y misiles a las monarquías sunitas petroleras del Golfo Pérsico, y la orden israelí de destruir las aldeas del sur de Líbano, feudo de la milicia chiita de Hezbolá, “tal como hicimos en Gaza”, anunció el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, como si el genocidio cometido allí contra el pueblo palestino fuese motivo de orgullo.
La primera Semana Santa de León XIV no ha podido ser más dolorosa. En un mensaje dirigido especialmente a los fieles de Oriente Medio, el papa pidió el Miércoles Santo desde la plaza de San Pedro rezar por los “inocentes de la guerra”. Poco más.
A diferencia de Francisco, el primer papa estadounidense está evitando la confrontación directa con su compatriota, el presidente Donald Trump, y su negativa a señalarlo directamente —por unirse a una guerra cuando su promesa electoral fue evitarla en caso de no agresión directa— está logrando que arrecien las críticas por su excesiva pasividad ante la deriva bélica y cada vez más radicalizada de la administración republicana, no solo por el estallido de la nueva guerra en Oriente Medio, sino también por la dura represión del ICE contra inmigrantes y activistas en Estados Unidos.
Sorprendió asimismo la tibieza de la reacción del Vaticano ante un hecho inaudito en siglos de cristiandad.
El rezo en el Santo Sepulcro que Israel prohibió
El pasado Domingo de Ramos, el patriarca latino de Jerusalén y jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, cardenal Pierbattista Pizzaballa, se dirigía a oficiar la señalada misa en el Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja jerosolimitana, cuando la policía de ocupación israelí le prohibió el paso.
Como denunció en un comunicado el también cardenal y custodio de los lugares sagrados donde vivió, predicó y murió Jesús, “por primera vez en siglos, se impidió a los jefes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro”.
“Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén. Llora por esta ciudad, que sigue siendo signo de esperanza y dolor, de gracia y sufrimiento. Llora por esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz”, dijo Pizzaballa alzando una reliquia de la Santa Cruz en la Basílica de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, donde sí se le permitió oficiar misa, tras un escándalo que le estalló en las manos al primer ministro Benjamín Netanyahu, promotor de la destrucción de Gaza y de las guerras en Irán y Líbano, como maniobra de distracción para no ser llamado ante la justicia por varios delitos.
En una rara crítica de la administración Trump hacia su fiel aliado en Oriente Medio, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, consideró que la policía israelí se había extralimitado al impedir la entrada al patriarca latino a la Iglesia del Santo Sepulcro.
“La decisión tomada hoy por la Policía Nacional de Israel de impedir la entrada del patriarca latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y otros tres sacerdotes a la iglesia para impartir una bendición el Domingo de Ramos constituye un desafortunado exceso que ya está teniendo importantes repercusiones a nivel mundial”, dijo Huckabee en una declaración publicada en X.
Incluso el gobierno de la italiana Giorgia Meloni, en la misma línea de extrema derecha ideológica que Trump y Netanyahu, se vio obligado a llamar a consultas al embajador israelí en Roma para decirle lo que anticipó el mismo Domingo de Ramos el canciller italiano Antonio Tajani sobre su compatriota, el cardenal Pizzaballa: “Es inaceptable haberles impedido entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro. Por primera vez la policía israelí ha negado a los líderes de la Iglesia católica la posibilidad de celebrar la misa del Domingo de Ramos en uno de los lugares más sagrados para millones de fieles del mundo”.
La deriva supremacista del gobierno más ultranacionalista de la historia del Estado judío llevó a prohibir también a los musulmanes el acceso a la Explanada de la Mezquita, tercer lugar sagrado del islam (tras La Meca y Medina), durante la festividad del Ramadán (que acabó el 20 de marzo), alegando el peligro por los lanzamientos de cohetes y drones iraníes por la guerra que EE. UU. e Israel provocaron.
Por el contrario, las autoridades israelíes informaron este lunes de Semana Santa que sí permitirán la celebración de la Bendición Sacerdotal de Pésaj (la Pascua judía) en el Muro de los Lamentos de Jerusalén con una ceremonia limitada en la que participarán 50 sacerdotes. La ceremonia, llamada en hebreo Birkat Kohanim, se celebrará el domingo 5 de abril.
Pero lo peor en esta Semana Santa, en medio del desastre de la guerra en el Golfo Pérsico, culminó con lo ocurrido el lunes de nuevo en Jerusalén, como escenario maldito.
Pena de muerte a palestinos; a judíos, no
La Knéset (Parlamento israelí) aprobó la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes, incluidos los colonos de los asentamientos ilegales en Cisjordania, armados por el gobierno y con licencia para matar palestinos, prácticas impunes para la justicia israelí y condenadas por la comunidad internacional (excepto por Estados Unidos y Argentina).
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir, quien se llevó su propia botella de champán para festejar.
La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.
Durante la sesión, la diputada Aida Touma-Suleiman, del partido árabe Hadash, señaló que “en otros países, la pena de muerte es una pena universal aplicable para todos”.
“En este caso, las identidades de la víctima y el asesino son las que determinan la sentencia (...): asesinato o defensa propia. Y es que, ¿acaso se aplicará a los colonos asesinos?”, se preguntó.
Por su parte, Limor Son Har-Melej, diputada del partido ultranacionalista Otzma Yehudit y una de las promotoras de la ley, aseguró que la decisión representa “un momento de justicia histórica” para las familias que perdieron seres queridos en atentados terroristas. Su marido, recordó durante su intervención, falleció en un atentado en 2003.
“No más cárceles para asesinos, que se convierten en hoteles, como ocurría antes de la llegada al cargo del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir”, afirmó la diputada ultraderechista. “Desde hoy, sentencia de muerte. Es una herramienta esencial para erradicar al enemigo y lograr una disuasión real”, añadió.
“Israel cae en un abismo moral”
Nueve organizaciones israelíes pro derechos humanos denunciaron que la legalización de la pena de muerte y además selectiva (solo a los palestinos) es la prueba del “abismo moral” en el que ha caído el Estado de Israel.
“El paso de la ley de pena de muerte es una expresión más del abismo moral en el que el Estado de Israel y su sistema legal se han hundido”, recoge el comunicado conjunto de estas asociaciones, entre ellas la prestigiosa B’Tselem, Médicos por los Derechos Humanos o el centro legal Adalah.
El grupo sostiene que la ley es un “sello de aprobación oficial a la política de venganza y violencia racista hacia los palestinos” del Estado de Israel.
“Tiene a los palestinos por objetivo mientras exime a los israelíes, pisotea el principio del derecho a un juicio justo, mina la posibilidad de descubrir errores judiciales o confesiones falsas, incluyendo confesiones extraídas con tortura”, denunciaron.