Alberta dijo este lunes no a separarse de Canadá, siguiendo los pasos de Quebec, aunque en este caso por un margen de rechazo abrumadoramente mayor al celebrado en la provincia francófona en 1995, cuando el país estuvo a punto de partirse de forma traumática.
Con más del 76 % de rechazo, el gobierno de Alberta no tiene mandato para convocar un referéndum vinculante que, de haber triunfado el separatismo, habría obligado a Ottawa a negociar la escisión de la provincia más rica de Canadá gracias a su petróleo.
“Los ciudadanos de Alberta han tomado una decisión clara. Eligieron la unidad, construir juntos y cuidarse unos a otros”, declaró este martes un aliviado primer ministro Mark Carney, tras conocer el escrutinio de la consulta no vinculante celebrada ayer.
Sobre el aproximadamente 24 % de los votantes que apoyó iniciar el proceso hacia la independencia, Carney admitió que existe “un núcleo duro” separatista, pero destacó que “el resultado es absolutamente claro”.
“Es una gran mayoría por Canadá y es el momento de trabajar juntos por todos los habitantes de Alberta y todos los canadienses”, afirmó, sin aludir a la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los asuntos internos de Canadá, a la que se ha referido en muchas ocasiones como el estado 51 de EU, y tras haber enviado en secreto emisarios a Calgary para reunirse con separatistas de Alberta.
La cuestión migratoria
Carney, que habló este martes con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, cuyo Gobierno había convocado el referéndum, reconoció además que el Gobierno federal debe prestar atención al respaldo obtenido por varias de las otras nueve preguntas sometidas a consulta, entre ellas las relacionadas con inmigración y una mayor autonomía fiscal para las provincias, como reclama el gobierno de Alberta desde hace tiempo.
Carney aseguró que su Gobierno ya ha reducido de forma significativa la llegada de solicitantes de asilo, trabajadores extranjeros temporales y estudiantes internacionales, y señaló que el siguiente paso debe ser acordar con las provincias un sistema migratorio “más sostenible”.