El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ratificó este martes ante la Asamblea Nacional (Parlamento) que el juicio político de censura en su contra —el primero desde que fue aprobado el “impeachment” en 2008— por presunto peculado (malversación) planteado por la oposición es "infundado".

Al inicio de su intervención, el gobernante señaló que sus interpelantes "han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República, han estirado los límites de la imaginación humana, y han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie".

Dijo admitir que ha sido instructivo ver cómo "se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 2018, cuando este Gobierno ni siquiera existía".

¿Quién miente?

Según la oposición —dominada por seguidores del expresidente Rafael Correa—, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.

En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que, por el contrario, bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas del Estado) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.

Lasso recordó que la Contraloría "jamás recomendó terminar el contrato con Amazonas Tanker" ni estableció "ningún tipo de indicios de responsabilidad penal contra ningún funcionario".

"Todo esto debería ser más que suficiente prueba de descargo", subrayó el gobernante antes de recordar que las empresas públicas son entidades autónomas, y que el Presidente no tiene injerencia ni interviene en la firma de contratos ni en negociaciones.

Pero apuntó que si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir, o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, debe responder ante la justicia.

El gobernante recordó que en 2022 envió el expediente sobre Flopec y Amazonas Tankers a la Fiscalía General del Estado y subrayó que "no hay testigos relevantes de nada" ni informe acusador.

Informe recomendó no al “empeachment”

Lasso también recordó el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que recomendó archivar el juicio político por falta de pruebas pero que no logró ser aprobado en esa instancia y, luego, el Pleno decidió continuar con el proceso.

Por todo ello, a sus acusadores les criticó el "distorsionar el verdadero sentido de lo político", como es el servicio al ciudadano, y comentó que precisamente la condición de político que tiene el juicio "exige el máximo rigor y apego a las normas".

"Precisamente porque el juicio es político, aquí debe primar la voluntad de sostener lo correcto por encima de lo conveniente; de lo duradero por encima de lo coyuntural; del bien por encima del mal; la verdad sobre la mentira. Lo que la patria espera de cada asambleísta es que vote siguiendo los dictámenes de su sentimiento y conciencia, conciencia de país y no de mezquinos intereses sectarios", dijo.

Lasso apuntó que el asunto no es si se salva o no el Presidente "sino de preservar el funcionamiento" de la democracia, y lamentó que el juicio político ha implicado "meses perdidos en peleas improductivas e investigaciones despistadas".

"Es difícil creer que estamos inmersos en un inútil conflicto político, cuando la única pelea que deberíamos librar está más allá de estas paredes, donde nuestros conciudadanos verdaderamente nos necesitan", añadió al reprochar una falta de apoyo de la oposición hacia el Gobierno frente a la crisis de seguridad que vive Ecuador.

"Depongamos nuestras legítimas diferencias para trabajar juntos en contra de las mafias que atentan contra la inseguridad de todos. Todavía estamos a tiempo", añadió.

El mandatario señaló que "el primer paso en este camino debe darse para salir de este infundado proceso cuando se conteste una simplísima pregunta y que subyace a lo largo de este juicio: ¿Se puede cometer una ilegalidad en nombre de lo político?".

Temindado su discurso de 45 minutos Lasso abandonó el hemiciclo antes de que intervinieran los dos asambleístas opositores Esteban Torres y Viviana Veloz encabezaron la interpelación al mandatario.

“¿Querían pruebas? ¡Ahí están!”

Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), afín al expresidente progresista Rafael Correa (2007-17), fue dura al presentar las pruebas contra Lasso a quien incluso tildó de "mentiroso".

La legisladora recordó que el caso contra Lasso se refiere a las supuestas irregularidades encontradas en un contrato para transporte de crudo que él firmó entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la compañía privada Amazonas Tanker.

Según Veloz, se trata de un perjuicio al Estado de 6 millones de dólares e incluso presentó un video en el que un exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, reveló que en su momento había advertido al presidente Lasso de las irregularidades.

"Querían pruebas, ¡ahí están las pruebas!", enfatizó la asambleísta tras remarcar que para ella el presidente Lasso "es responsable políticamente", pero también debería responder por las eventuales "responsabilidades penales" que podrían surgir tras el juicio político.

Veloz recordó que uno de los principales implicados en el caso Flopec, Hernán Luque, cercano a Lasso, se ha fugado del país, y que también otro de los vinculados en la trama de supuesta corrupción que salpican a Lasso, Rubén Cherres, fue encontrado a finales de marzo asesinado con signos de tortura.

Amenaza de golpe… o de autogolpe

De su lado, Esteban Torres, el otro legislador interpelante, del derechista Partido Social Cristiano (PSC), coincidió en que las pruebas apuntan al presidente Lasso y que el juicio político, amparado en la Constitución y en las normas legales internas, avalan la posibilidad de que el mandatario sea censurado.

Si Lasso es destituido le sucederá, según norma constitucional, el vicepresidente del país, Alfredo Borrero, recordó Torres tras reprochar la versión del oficialismo en el sentido de que el juicio político olía a un "golpe de Estado".

El asambleísta del PSC se refirió también al anuncio hecho hace algunos días por el presidente Lasso de que invocaría a la denominada "muerte cruzada" para evitar su destitución, lo que supone la disolución de la Asamblea Nacional, la convocatoria anticipada a elecciones presidenciales y, hasta tanto, la posibilidad de que el mandatario ejerza a través de decretos ejecutivos.

Torres observó que Lasso en su comparecencia no haya vuelto a repetir ese argumento, a la que calificó como una "amenaza" que no tiene sustento legal.