Guatemala se asomó este miércoles al abismo de un golpe judicial, dirigido desde la Fiscalía controlada por el gobierno del conservador Alejandro Giammattei, para impedir el pase a segunda vuelta del candidato de la izquierda, Bernardo Arévalo de León, mediante la suspensión de su partido, Movimiento Semilla, al que el oficialismo achacó “in extremis” un supuesto caso de corrupción.

En un lapso de 60 minutos caóticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala oficializó el avance de la exprimera dama Sandra Torres Casanova y el académico Bernardo Arévalo de León al balotaje el 20 de agosto próximo, una decisión que se demoró 17 días por recursos judiciales.

Contra todo pronóstico, el líder socialdemócrata y candidato de Semilla —un movimiento nacido del hartazgo por la corrupción en Guatemala— se impuso desde el octavo puesto que le otorgaban las encuestas a quedar en segundo lugar, dejando fuera de la contienda presidencial a la ultraderechista Zury Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, cuya promesa de campaña era mano dura.

Sin embargo, momentos antes, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó que el partido de Arévalo de León, Semilla, quedaba cancelado penalmente por orden de un juez del Organismo Judicial guatemalteco, a su solicitud.

¿Qué pasará ahora?

"Nosotros no hemos sido notificados. Estábamos en reunión de pleno y no tenemos conocimiento en este momento de los alcances de la resolución", aseguró Irma Palencia, presidenta del tribunal, al respecto de la posible suspensión de Semilla.

Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral dijo desconocer al respecto por el momento y ordenó la segunda vuelta presidencial para el próximo 20 de agosto, como estaba programada en el calendario electoral.

"Hoy la noticia es que se oficializaron los resultados rumbo a la segunda vuelta", añadió el magistrado Gabriel Aguilera, ante la consulta de los periodistas sobre qué sucedería con Semilla.

Segunda vuelta en el aire

La investigación del Ministerio Público, que puede dejar en el aire los comicios, fue dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos en 2022 acusado de crear casos falsos en contra de exfuncionarios.

De acuerdo con la resolución del juzgado penal, divulgada por medios locales, el Tribunal Supremo Electoral tiene un plazo de 24 horas para obedecer el dictamen en la suspensión de Semilla o de lo contrario podría verse acusado de no cumplir la ley.

Sin embargo, según advierten otras posturas de expertos en materia constitucional y electoral, la normativa electoral guatemalteca también establece que ningún partido puede cancelarse con los comicios en marcha.

Curruchiche indicó que la decisión obedece a un caso denominado "Corrupción Semilla", por supuestas firmas falsas, en una acusación sin precedentes en Guatemala, ya que según habían advertido sectores locales e internacionales en las últimas semanas, las cortes y la Justicia no debían inmiscuirse en los resultados de las urnas.

Juzgado al servicio de Giammattei

El juzgado que suspendió a Semilla es el mismo que tuvo a su cargo uno de los casos en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín, en prisión desde el 29 de julio de 2022, solo cinco días después de lanzar fuertes críticas al círculo íntimo del presidente, Alejandro Giammattei.

Arévalo de León había conseguido avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio, por detrás de la ex primera dama Sandra Torres.

La oficialización de los resultados estaba pendiente después de que el pasado 1 de julio la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, ordenara una nueva revisión de las actas electorales, que se llevó a cabo del 4 al 6 de julio.

Mientras tanto, en las afueras del tribunal, unas 200 personas se han reunido para denunciar un supuesto "golpe de Estado" después de la suspensión de Semilla, que podría ser similar a las que sufrieron otras tres candidaturas en el proceso electoral.

El Movimiento Semilla, de carácter socialdemócrata, nació de las manifestaciones anticorrupción registradas en Guatemala durante 2015 y que culminaron con la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en prisión.