¿Un gobierno nacional puede disponer de los recursos del subsuelo que hayan sido localizados en territorio de comunidades indígenas? Esta pregunta ética y jurídica será analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir del miércoles, en un juicio pionero que resolverá la demanda de 16 comunidades mayas contra el gobierno de Guatemala, por permisos otorgados a empresas privadas que extraen níquel en territorios de los pueblos originarios.

Si el tribunal falla a favor de las comunidades, será la primera decisión de un organismo legal internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, al tiempo que les otorgará argumentos legales para decidir el destino de los minerales en las profundidades del suelo de sus territorios tradicionales.

El caso llega a una corte internacional después de un largo recorrido de juicios y movilizaciones sociales contra la extracción de níquel, que se autorizó por primera vez en Guatemala hace 40 años y que ha experimentado un incremento en su demanda por su uso para elaborar baterías eléctricas para diferentes dispositivos y vehículos.

El análisis y fallo de la Corte se concentrará en los hechos registrados en los territorios de los pueblos mayas 'Q'eqchi' en el oriente de Guatemala. Organizaciones civiles que apoyan a los demandantes, como el Indian Law Resource Center, han expresado que “se espera que la decisión de la CIDH finalmente obligue al gobierno a anular los permisos de minería y exploración”.

El litigio también tiene una perspectiva global, pues puede ser observado desde la perspectiva de los compromisos asumidos por los gobiernos en la Cumbre de Cambio Climático de Naciones Únicas (COP26), realizada en Glasgow, Escocia. Ahí, los gobiernos se unieron al sector económico mundial para destacar el papel crucial de las comunidades indígenas en el avance de los objetivos climáticos de París para desacelerar la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEIs), que son la principal causa del calentamiento global y el cambio climático.

Los observadores legales del juicio que pondrá en marcha la CIDH este 9 de febrero consideran que la decisión del tribunal puede impactar el comportamiento de los bancos multilaterales y de los inversores que buscan evitar el riesgo climático y las violaciones de los principios ESG (siglas en inglés de Medioambiental, Social y Gobierno corporativo, que son los tres factores principales para evaluar la sostenibilidad de una inversión)

En el mundo financiero, los accionistas exigen cada vez más a los bancos privados y las empresas de inversión que los proyectos a los que canalizan su dinero cumplan con los principios ESG.

MOVILIZACIÓN SOCIAL

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca dar certidumbre jurídica a grupos sociales y autoridades que han enfrentado fuertes conflictos. Como el ocurrido en octubre de 2021, cuando fuerzas gubernamentales de Guatemala se enfrentaron violentamente con manifestantes mayas que bloqueaban el paso de los camiones que iban hacia y desde los hornos de una subsidiaria del grupo Solway, que es una empresa con sede en Suiza que compró la mina Fénix a una empresa canadiense en 2011.

En sus manifestaciones públicas, las comunidades mayas argumentan que quieren acabar con las nubes de polvo rojo que se lanzan al aire día y noche y con los desechos tóxicos que, según dicen, contaminan el lago Izabal, la mayor extensión de agua dulce de Guatemala.

Antes de que la Corte aceptara el caso, se realizó un estudio del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.

En las conclusiones de la investigación, entregadas a la Corte, la Comisión afirma que la normativa interna de Guatemala no reconoce el carácter colectivo de los territorios indígenas y se limita a reconocer la propiedad privada individual de sus miembros, lo cual resulta contrario a la propia cosmovisión de los pueblos indígenas.

La Comisión observó, en un informe del 7 de agosto de 2020, que no existe controversia respecto de que el Estado guatemalteco otorgó una licencia de exploración y posteriormente de explotación para el proyecto minero Fénix, el cual abarca parte del territorio de la Comunidad Maya Q’eqchi’ Agua Caliente. Señaló asimismo que no existe información que acredite que el Estado cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada, al otorgar permisos, licencias y concesiones para la realización de dicho proyecto minero en tierras de la comunidad.

La Comisión consideró que las omisiones en la elaboración del estudio de impacto ambiental, así como de las licencias de exploración y explotación del proyecto minero constituyen una violación de los derechos a la propiedad colectiva, al acceso a la información y a participar en los asuntos susceptibles de afectarles.

Por último, el mismo documento de la Comisión concluyó que se vulneraron garantías judiciales y la protección judicial, en perjuicio de la comunidad.

JURISDICCIÓN Y COSMOVISIÓN

Como ocurre con otros pueblos mesoamericanos, para los q'eqchi'es la tierra está cargada de significados diversos y complejos, que involucran dimensiones materiales, históricas, sociales y culturales.

La investigadora Adriana Estrada Ochoa, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha documentado cómo la tierra se vincula de manera estrecha con la identidad de los q'eqchi'es, a nivel personal y comunitario.

“En la tradición oral q'eqchi', la tierra es una alteridad sagrada que participa cotidianamente en la definición identitaria. Es también personaje de relatos cosmogónicos, que proporcionó a los hombres, en un tiempo primigenio, alimento y herramientas materiales y tecnológicas para su existencia cultural”, explicó Estrada Ochoa en su artículo del año 2006 “Li Tzuultaq'a ut li ch'och'. Una visión de la tierra, el mundo y la identidad a través de la tradición oral q'eqchi' de Guatemala”, publicado en la revista Estudios de Cultura Maya.

POSIBLES DESENLACES

El juicio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arranca el miércoles, pero la Comisión Interamericana que estudió el caso en 2020 ya había emitido recomendaciones al gobierno de Guatemala, que podrían ser ratificadas por la Corte:

1) Hacer efectivo el derecho a la propiedad colectiva y la posesión de la Comunidad Maya Q’eqchi’, mediante la titulación completa; 2) Saneamiento efectivo de su territorio ancestral; 3) Reparar integralmente los daños provocados a la Comunidad por la falta de titulación de su territorio ancestral, en particular los daños causados por el proyecto minero a su territorio y 4) Detener todo proyecto de explotación de recursos mientras no se haya cumplido con los estándares interamericanos en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado.