La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves la solicitud del gobierno del presidente Joe Biden para imponer con carácter inmediato una política de criterios de deportación de migrantes distinta a la dictada por su antecesor Donald Trump (2017-2021).

La propuesta de Biden buscaba priorizar la expulsión de criminales frente a la de personas cuyo único delito es haber cruzado ilegalmente la frontera.

Por cinco votos en contra y cuatro a favor (la jueza conservadora Amy Coney Barrett se alió en esta ocasión con las progresistas a favor del Ejecutivo), el Supremo desestimó la petición de la Administración Biden y, en su lugar, celebrará una audiencia oral sobre la cuestión en diciembre.

Esta fue la primera votación en la que participó la magistrada Ketanji Brown Jackson, de momento la única jueza del Supremo designada a propuesta de Biden y que fue confirmada por el Senado en abril.

El gobierno presentó una solicitud de amparo ante la Corte Suprema después de que a principios de junio un juez federal en Texas anulara las normas establecidas por el Ejecutivo demócrata para detener y deportar extranjeros, que dan prioridad a aquellos que suponen un peligro a la seguridad de EU.

En esa ocasión, el magistrado Drew Tipton falló a favor de una demanda presentada por los estados de Texas y Luisiana, que buscaban precisamente dejar en pie las prioridades marcadas por Trump y que pusieron en la mira de la deportación a todos los indocumentados, sin hacer distinción entre criminales e inocentes.

Tipton, un juez conservador nominado para el distrito sur de Texas por el expresidente Donald Trump en 2020, consideró entonces que los criterios de la Administración demócrata no cumplían con los procedimientos administrativos y calificó su regla de prioridades de "arbitraria y caprichosa".

La disputa por las prioridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) comenzó en febrero de 2021 -ya bajo la Presidencia de Biden-, cuando se ordenó a los agentes dar prioridad a la detención y deportación de los inmigrantes considerados un peligro para la seguridad nacional y el orden público.

Fue entonces cuando Texas y Luisiana apelaron y se llegó a la decisión de este jueves, que se espera se resuelva en diciembre.