La Corte Suprema de EU paraliza el esperado fin del Título 42
La decisión, a la espera de que se resuelva la batalla legal, llega cuando faltaban poco más de 24 horas para que la medida antimigratoria promulgada por Trump con la excusa de la pandemia quedara sin efecto
GOLPE A MIGRANTES
Migrantes se refugian y duermen en el aeropuerto de El Paso, Texas, este lunes 19 de diciembre de 2022.
Quedaban apenas horas para que el controvertido Título 42, la norma que, con la excusa de la pandemia, permite expulsiones expeditas de migrantes en la frontera de Estados Unidos, dejara de aplicarse. Y llegó la Corte Suprema.
Durante la tarde del lunes, el presidente de la mayor instancia judicial del país, John Roberts, emitió una consigna pausando "hasta nueva orden" la anulación de la norma, que un juez federal de Washington, D.C. había dictaminado el mes pasado.
"Texas y otros estados insisten en que el Supremo permita que se mantenga el Título 42. La decisión de hoy es un paso en esa dirección", escribió en Twitter el gobernador de Texas, Greg Abott, quien aseguró que la norma "previene la migración ilegal".
El Paso declara la situación de desastre ante un esperado aluvión de migrantes
La corte decidió conceder así una petición de los fiscales generales de Texas y otros 18 estados republicanos para mantener en vigor la normativa, que ha sido criticada por grupos defensores de los derechos humanos y por la propia administración del presidente, Joe Biden, y estaba previsto que dejara de aplicarse el miércoles.
Los fiscales consideran que el levantamiento de la norma provocaría "un daño masivo e irreparable a los estados, en particular a los que soportan las consecuencias de la inmigración irregular", según la petición que hicieron en la mañana de este lunes al Supremo.
El departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya ha confirmado que seguirá aplicando el Título 42 mientras hace las preparaciones necesarias para asegurar la frontera una vez la normativa, eventualmente, deje de estar en vigor, al tiempo que pidió nuevos fondos al Congreso para contratar más personal y comprar equipamiento.
La decisión del juez John Roberts obliga también a las partes implicadas a presentar una respuesta hasta este martes a las cinco de la tarde.
Cuando reciba la respuesta, el Supremo deberá decidir si permite que el Título 42 se mantenga en pie mientras las cortes de menor instancia resuelven el caso.
Un tribunal federal en el Distrito de Columbia había fallado a mediados de noviembre la suspensión del Título 42, decisión que fue apelada por los fiscales de 19 estados y por el gobierno de Joe Biden, que, pese a sus críticas, se valió de la norma para expulsar a miles de haitianos tras la crisis fronteriza en Del Rio (Texas).
SE AUGURABA UNA CRISIS
En su demanda ante el Supremo, los fiscales dan por hecho que el fin de esta política va a conllevar un aumento de cruces fronterizos, de modo que las autoridades estatales deberán "dedicar fondos adicionales a seguridad, educación y atención médica".
"Resulta descabellada la idea de que los estados no sufrirán daños sustanciales e irreparables como resultado de la inminente catástrofe que ocasionará el fin del Título 42", apuntaron en la petición respaldada después por el Supremo.
Durante su rueda de prensa diaria, antes de conocerse la decisión del tribunal, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que el gobierno de Biden está dedicando una cantidad récord de recursos a defender la frontera, pero pidió al Congreso que apruebe una petición adicional de gasto de más de 3.000 millones de dólares.
Jean-Pierre recordó también que el fin del Título 42 no implica una política de puertas abiertas, aunque reconoció que se prevé un aumento de los intentos de cruzar la frontera si la norma sanitaria decae.
El Título 42 entró en vigor en marzo de 2020, bajo el mandato del republicano Donald Trump (2017-2021), y ha permitido en este tiempo la expulsión acelerada de más de 2,7 millones de migrantes, la mayoría desde la frontera con México.
Tras su levantamiento estaba previsto que se aplicara el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Gobierno para deportar e incluso imponer penas a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.