La junta militar birmana que se impuso en el poder tras el golpe de hace un año y medio ha dado un paso más en su andanada de represión y violencia ejecutando a cuatro activistas pro democracia acusados de "actos terroristas", los primeros en ser llevados al patíbulo en décadas en el país asiático.

La noticia saltó la mañana del lunes en los medios oficiales birmanos entre gran confusión, ya que hablaban de "castigo" y no ejecuciones y sin explicar cuándo se habían llevado a cabo.

"El castigo ha seguido los procedimientos de la prisión", reza el breve comunicado publicado este lunes en el diario Global New Light of Myanmar, controlado por el Ejército, exponiendo la opacidad de un régimen que ha devuelto al país a sus peores años de abusos y aislamiento.

"Es lo que se ha dicho en los periódicos. No hablaré sobre esto en la rueda de prensa. Lo que ha ocurrido obedece a las leyes y no necesita explicación", afirmó este lunes Zaw Min, portavoz de la junta militar, al medio local Voice of Myanmar.

SOSPECHAN DE TORTURA

Por su parte, el diario independiente Myanmar Now señala que las ejecuciones tuvieron lugar el sábado y los cuerpos fueron inmediatamente cremados, información que la junta no ha confirmado ni desmentido.

"El hecho de que no hayan querido entregar los cuerpos a las familias lo hace todo peor; sugiere que es para esconder que fueron antes torturados", dijo a Efe un portavoz del Ministerio de Cooperación Internacional del Gobierno de Unidad Nacional (NUG).

Formado por miembros del Ejecutivo de la nobel de la Paz Aung San Suu Yyi, depuesto el 1 de febrero de 2021 por los militares, el NUG se proclama desde la semiclandestinidad el poder legítimo de Birmania, y dos de los ejecutados tenían conexiones con él, como recuerda el portavoz, que prefiere mantener su anonimato.

PROMINENTES ACTIVISTAS

De los ejecutados, dos son prominentes activistas pro democracia, Ko Jimmy, quien ya participó en las protestas de 1988 contra el entonces régimen militar, las mismas que llevaron a Suu Kyi a luchar por la democracia en Birmania, y Phyo Zayar, diputado de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de la Nobel.

Ko Jimmy, de 52 años, fue detenido el pasado octubre tras ser acusado de ocultar armas en un apartamento en Yangón, mientras Phyo Zeya Thaw, de 41, era un artista de hiphop reconvertido en político y cercano aliado de Suu Kyi.

Poco se sabe de los otros dos ejecutados, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, salvo que fueron condenados por asesinar a una informadora del Ejército, según la junta militar.

Los cuatro habían sido condenados a muerte por un tribunal de Yangón por "actos terroristas".

BRUTALIDAD MILITAR

Sus muertes son una nueva muestra de la brutalidad de los militares, que con su asonada pusieron fin a una década de transición democrática y han traído escenas del pasado como estas ejecuciones, que son las primeras desde 1988, durante la junta que aisló a Birmania entre 1962 y 2011, según Amnistía Internacional.

Desde entonces, aunque había habido sentencias a muerte, no se habían llevado a cabo, pero el régimen castrense ya advirtió a principios de junio que retomaría la aplicación de la pena capital, ejecutada tradicionalmente mediante el ahorcamiento.

CONDENA NACIONAL E INTERNACIONAL

La noticia ha provocado estupor dentro y fuera del país; el relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, condenó las ejecuciones y urgió a la comunidad internacional a actuar de forma "contundente" contra la junta.

Luego, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se mostró "consternada" por "un cruel paso atrás de un régimen militar que es un paso más en su campaña represiva contra su propio pueblo".

"Las ejecuciones constituyen crueles violaciones en los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y el juicio justo de las personas", añadió la expresidenta chilena, que aseguró que estos actos "no hacen sino complicar una crisis que los propios militares han creado".

Japón las definió como "deplorables" y pidió a los militares que trabajen "para una resolución pacífica de la situación", mientras la Embajada de Estados Unidos en Birmania condenó el asesinato de los "líderes pro democracia" birmanos.

Elaine Pearson, directora de Human Rights Watch para Asia, denunciaba por su parte "el acto de crueldad" y urgía a la Unión Europea, a Estados Unidos y otros gobiernos a "mostrar a la junta que habrá consecuencias por estos crímenes".

Una batería de reacciones que el portavoz del NUG espera que se traduzcan en más pasos por parte de la comunidad internacional contra el régimen castrense.

"Necesitamos a la comunidad internacional. La ONU debe llevar a la junta ante la Corte Penal Internacional (CPI)", implora.

También la Unión Europea aseguró que “condena firmemente las ejecuciones y expresa sus sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas en duelo", según un comunicado del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.