El presidente argentino, Alberto Fernández, ha abierto un conflicto institucional con la Corte Suprema al negarse a acatar un fallo que obliga al gobierno a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decisión en la que cuenta con el apoyo de varios gobernadores provinciales, pero que le enfrenta con la oposición, que podría pedir un juicio político en su contra.

La controversia tiene su origen en 2020, cuando el gobierno del peronista Fernández recortó los fondos que debe girar a la capital, un estado autónomo como las provincias argentinas, en concepto de distribución de los impuestos que el Fisco recauda y que deben ser repartidos entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires.

El gobierno capitalino, en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, uno de las principales figuras de la oposición, acudió entonces a la Corte Suprema, que este miércoles, por unanimidad, dictó una medida cautelar.

Esta obliga al Ejecutivo nacional a restituir a Buenos Aires el 2.95 por ciento de los fondos de la denominada coparticipación federal frente al 2.32 por ciento actual, por lo que la ciudad debe recibir 180 mil millones de pesos (997 millones de dólares) adicionales a los que ya percibe.

Fernández, que ha iniciado su último año de mandato con serios desequilibrios económicos aún no resueltos y mantiene abiertas críticas al Poder Judicial, tachó el fallo de "político", "incongruente" y "de imposible cumplimiento" y decidió recusar a los miembros del máximo tribunal y solicitar la revocación de la medida.

La decisión fue respaldada por los gobernadores de catorce de las 23 provincias argentinas, que pedirán a la Corte ser tenidas como partes en la causa, en tanto que este viernes otros cuatro mandatarios provinciales también expresaron su preocupación por el conflicto abierto.

CUESTIÓN CONSTITUCIONAL

Sin embargo, el alcalde capitalino rechazó, en una rueda de prensa ofrecida este viernes, que el fallo afecte los fondos que reciben las provincias y anticipó que, si el Ejecutivo nacional no cumple con el fallo, denunciará judicialmente a los funcionarios responsables.

"El presidente tiene que hacerse responsable de esta decisión de violar la Constitución", afirmó Rodríguez Larreta, que se perfila como posible candidato a las presidenciales de 2023.

A su juicio, la decisión del mandatario de incumplir el fallo quiebra "el orden constitucional", viola "el estado de derecho y la democracia" y constituye "el peor intento de una larga lista de ataques del kirchnerismo para anular la Justicia".

Para el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, "hay un claro incumplimiento de la Constitución" en la decisión del jefe de Estado de no acatar el fallo.