El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó personalmente la decisión de pedir la orden de registro de este pasado lunes a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida por parte del FBI y pidió este jueves autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden.

En una breve declaración tras la cual no aceptó preguntas, Garland defendió la legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman "a la ligera".

Trump ha dicho que los agentes del FBI que registraron su mansión de Mar-a-Lago exigieron estar solos sin vigilancia, por lo que este miércoles agregó que temía que pudieran haberle sembrado evidencias falsas en su contra.

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Sin embargo, Garland desmontó este jueves esta teoría, con la que Trump buscaba sembrar dudas sobre la legalidad del proceso, asegurando que un abogado del expresidente estuvo presente durante el cateo en todo momento.

Reacción furiosa republicana

Tanto el exmandatario como numerosas figuras del Partido Republicano han reaccionado de forma muy airada al registro, que han llegado a denunciar como una maniobra de los demócratas desde el poder para desprestigiar a Trump, posible candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024, y como persecución política.

Tanto Trump como numerosos aliados políticos han señalado que este registro a un expresidente no tiene precedentes en Estados Unidos, cosa que es cierta, como también lo es que ningún expresidente ha sido objeto de numerosas investigaciones civiles y penales, como es el caso.

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Cajas con documentos clasificados

Sin embargo, la causa que llevó al registro de Mar-a-Lago es otra, una en que, presuntamente, se investiga si el expresidente se llevó a casa numerosas cajas con documentos clasificados una vez dejó el poder y salió de la Casa Blanca.

Trump se ha defendido asegurando que ha colaborado con el departamento de Justicia en este caso, en el que se contarían hasta 27 cajas con documentos clasificados robados a los Archivos Nacionales de Washington, que es quien preserva esta documentación cuando concluyen los mandatos.

Según fuentes de medios estadounidenses, Trump habría devuelvo hasta quince de estas cajas, pero quedarían otras 12, lo que justificaría que el gobierno busque recuperarlas por la fuerza.