Con Petro en el gobierno, Biden renueva la ayuda a Colombia en la lucha antidroga
El presidente de EU ordena mantener la asistencia tres días después de la llegada al poder del nuevo mandatario izquierdista colombiano.
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Un policía vigila paquetes de droga incautados en Turbo, Colombia, en una imagen de archivo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este martes una orden en que insta a los departamentos de Estado y de Defensa a seguir prestando ayuda al gobierno de Colombia en materia de lucha contra el tráfico de drogas, tres días después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro.
En un memorando, Biden indicó que la interdicción de aeronaves razonablemente sospechosas de llevar a cabo operaciones de tráfico de drogas en el espacio aéreo colombiano es "necesaria" a causa de la amenaza extraordinaria que el tráfico ilegal de drogas representa para la seguridad nacional de Colombia.
Gustavo Petro, investido como el primer presidente izquierdista de Colombia
Biden también apuntó que el país caribeño tiene los procedimientos apropiados en marcha para protegerse ante la pérdida de vidas inocentes en el aire y en tierra en relación a estas operaciones de interdicción.
Estos procedimientos incluyen medios efectivos para identificar y alertar a una aeronave antes de que se use la fuerza contra la misma.
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Sembradíos de coca, en máximos históricos
La tendencia de crecimiento de los cultivos de coca en Colombia se frenó en 2018 pero el número de hectáreas sembradas sigue en máximos históricos pese a que pasó de 171 mil en 2017 a 154 mil en 2019, según los informes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc).
En 2014 una sentencia de la Corte Constitucional colombiana ordenó la suspensión de las aspersiones aéreas luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyera al glifosato entre los herbicidas que pueden causar cáncer en personas.
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A mediados de 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) acató la sentencia del alto tribunal que dos años después emitió un nuevo fallo en el que estableció que sería posible reanudar las aspersiones aéreas si una investigación científica, de forma "objetiva y concluyente, demuestra la ausencia de daño para la salud y el medio ambiente".
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