
Los extremos se tocan, para desgracia de los que están en medio. Israel se desliza cada vez más rápidamente por la pendiente que la aleja del Estado de derecho democrático y la acerca al Estado de derecho teocrático, donde se encuentra Irán desde que triunfó la revolución de los ayatolás, en 1979.
De hecho, no es casualidad que las mayores protestas ciudadanas en Oriente Medio entre finales de 2022 y este arranque de 2023 hayan sucedido, por un lado, en las calles de Teherán contra el terrorismo del régimen de los ayatolás; y por otro, en Tel Aviv y Jerusalén contra los que quieren imponer un régimen ultraortodoxo, con los derechos civiles cercenados.
En el caso israelí, la culpa de la mayores protestas desde la fundación del Estado judío, en 1948, encabezadas por cientos de miles de personas espantadas ante la deriva ultraderechista del gobierno, la tiene Benjamín Netanyahu (Bibi para los israelíes), el político derechista que más veces ha gobernado un país que arrastra una creciente división de la sociedad, principalmente por el creciente peso demográfico de los ultraortodoxos, que se deriva en una fragmentación del voto y en una creciente importancia de estos partidos minoritarios nacionalistas judíos y extremistas.
Consciente de que la mejor manera de evitar el acoso de la Justicia por varios casos de corrupción y fraude que arrastra de sus anteriores mandatos era, primero, volver a gobernar (es la sexta vez que logra ser nombrado primer ministro); segundo, impulsar una reforma judicial que quite poder e independencia al Tribunal Supremo (y de paso, sea casi imposible sentarlo en el banco de los acusados); y tercero, hacer concesiones a sus socios extremistas de la coalición de gobierno para que acepten participar en su juego tramposo y democrático.
Esta peligrosa deriva ya la vio venir en diciembre Ron Huldai, el alcalde de Tel Aviv (la ciudad más poblada, moderna y progresista de Israel), cuando comenzaron las negociaciones para formar gobierno entre Netanyahu —cuyo partido, el Likud, fue el vencedor de las elecciones de noviembre, con 32 escaños— y tres formaciones minoritarios ultraortodoxas: el Partido Sionista Religioso (14) Shas (11) y Judaísmo Unido de la Torá (7).
“Vamos a convertirnos en un Estado fascista, en un Estado halájico”, alertó el alcalde en alusión a la Halajá, la legislación religiosa judía, durante su entrevista con el medio Times of Israel.
“La democracia emerge del hecho de que una persona tiene derechos que nadie le puede quitar, ni la mayoría ni Dios. Eso es democracia, explicó el edil en una entrevista al Canal 12 de la televisión de su nación. La democracia no es la mayoría tomando el control de la minoría y diciéndole qué pensar, cómo comer y qué hacer. Tel Aviv es democrática, tolerante, pluralista, respetuosa con todas las minorías, proclamó.
“Irán ya está aquí”, coreaban los activistas el 29 de diciembre, reunidos frente a la Knesset mientras Netanyahu tomaba posesión del nuevo Gobierno, el sexto que dirige, y juraba el cargo a sus ministros, entre los que se encuentran el nuevo ministro de Finanzas, Bezadel Smotrich, líder de los colonos más radicales y partidario de expulsar a los palestinos de Cisjordania y anexionar el territorio.
Smotrich, quien fue detenido en el 2005 por planear un sabotaje contra los palestinos, tendrá bajo su supervisión la administración civil en los territorios ocupados.
Yehuda Shaul, fundador de la ONG Breaking the Silence, que da voz a los veteranos del ejército que denuncian la ocupación, asegura que Smotrich ya ha destinado recursos financieros para construir nuevas carreteras que conecten los asentamientos entre sí y fragmenten más aún el territorio palestino.
Shaul anticipa que el Gobierno tratará de anexionar el área C, es decir, el 60% del territorio palestino hoy ocupado por los asentamientos judíos, junto a los que viven 350,000 palestinos.
Otro nombramiento escandaloso es el del ultraderechista Itamar Ben Gvir, líder del partido Otzma Yehudit y actual ministro de Seguridad Nacional, quien este mismo miércoles advirtió a Netanyahu que si no respeta el acuerdo de coalición sobre la “judaización” de Cisjordania se verán obligados a bloquear el Ejecutivo. Y eso que debería estar feliz con la decisión, esta misma semana, del gobierno israelí de legalizar las construcciones irregulares de los colonos, una decisión que causó alarma en la ONU y fue de inmediato condenada por Estados Unidos, ya que, como recordó el presidente Joe Biden, hace aún más inviable la solución dos Estados.
Pero la gota que colmó la paciencia de miles de israelíes fue la descarada reforma judicial impulsada por Netanyahu que subordina el Tribunal Supremo a lo que decida el ejecutivo y la mayoría parlamentaria.
“Nos quieren silenciar”, declaró la presidenta de la Corte Suprema de Israel. “Es un golpe mortal a la independencia del poder judicial”, agregó alarmada, uniéndose así a la “profunda preocupación” expresada por el jefe de Estado, el presidente Isaac Herzog.
Este domingo, Herzog pidió al primer ministro Netanyahu que suspenda la tramitación parlamentaria de la reforma judicial, tras advertir que "estamos al borde de un derrumbe constitucional y social".
"Siento, todos sentimos, que estamos en el momento que precede a la confrontación, incluso a una confrontación violenta. El barril de pólvora está a punto de explotar y el hermano levantará la mano contra el hermano", advirtió, mientras fuera del parlamento se reunían decenas de miles de personas para impedir que la reforma siga adelante.
Pero Netanyahu hizo oídos sordos y el lunes autorizó los procedimientos legales para aprobar la primera lectura de la reforma.
El miércoles, el jefe de la oposición y exprimer ministro centroizquierdista, Yair Lapid, pidió que el Gobierno congele durante 60 días el plan y propuso "un diálogo nacional" para que Israel "no se divida en dos naciones”, acabe convertida en una peligrosa teocracia y pierda su condición de la única democracia verdaderamente genuina y laica en Oriente Medio.
En manos de Netanyahu está impedir la “iranización” de Israel y la expulsión de los palestinos de lo que le queda de tierra y de dignidad.
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