La Corte Penal Internacional de La Haya (CPI), que a diferencia de la Corte Internacional de Justicia investiga a personas y no a Estados, estaría planeando emitir una orden de arresto internacional contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra el jefe del Ejército, Herlz Halevi, por supuestos crímenes de guerra contra la población palestina, según informó el diario local Haaretz.

Fuentes del gobierno ultranacionalista israelí (no identificadas por el diario) adelantaron que las órdenes de arresto podrían ser entregadas a Netanyahu, Gallant y Halevi cualquier día de esta semana, y que no se verían afectados funcionarios de rango inferior.

Según dijo este medio, tanto el Ministerio de Justicia, como los abogados del Ejército están tratando de evitar que se llegue a ese punto, y aliados de Israel como Estados Unidos estarían mediando con el fiscal general de la CPI, Karim Khan, de que retrase o incluso impida la emisión de las órdenes judiciales.

“Este tribunal no tiene autoridad”

En un discurso grabado y emitido este martes, Netanyahu arremetió con dureza contra el CPI, al que Israel no pertenece, para tener las manos libres en sus agresiones en los territorios ocupados y especialmente en Gaza, sometida un proceso de destrucción y “limpieza étnica”, con más de 34 mil civiles muertos en casi siete meses de guerra.

"Este tribunal no tiene autoridad sobre el Estado de Israel. La posibilidad de que emita órdenes de arresto por crímenes de guerra contra comandantes de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) y líderes estatales es un escándalo a escala histórica", dijo enfurecido.

"Ochenta años después del Holocausto, los organismos internacionales que surgieron para evitar otro Holocausto, están considerando negar al Estado judío su derecho a defenderse. ¿Contra quién? Contra aquellos que irrumpieron y siguen trabajando abiertamente para cometer otro genocidio. Qué absurdo, qué distorsión de la justicia y de la historia", añadió Netanyahu.

“Odio antisemita sin precedentes”

Netanyahu consideró este movimiento un obstáculo más contra la guerra que Israel libra en Gaza y reiteró que pese a los intentos de la Corte, la zona sureña gazatí de Rafah, donde se hacinan 1.5 millones de palestinos, será invadida, una vez la población civil sea evacuada, y que los objetivos de la guerra serán alcanzados.

El propósito es "paralizar la capacidad del Estado de Israel para defenderse", continuó Netanyahu, que lo calificó de "un crimen de odio antisemita sin precedentes".

En 207 días de guerra israelí en la Franja de Gaza, el número oficial de muertos supera ya los 34,500, el 75 % mujeres y niños según el Gobierno gazatí, mientras que la ONU ya acusó a Israel a mediados de marzo estar cometiendo un crimen de guerra en el enclave al privar a la población civil de alimentos, mientras que otras organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado el bombardeo "indiscriminado" contra la población civil.

Netanyahu pidió también este martes a los otros líderes mundiales que se pronuncien "firmemente" contra cualquier acción de la CPI. De momento, sus aliados republicanos en Estados Unidos ha sido los primeros en mostrar su indignación por este “ataque a Israel”

Republicanos piden represalias

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha calificado como "vergonzosas" e "ilegales" las órdenes de arresto de funcionarios israelíes que, supuestamente, prepara la Corte Penal Internacional (CPI) y varios legisladores republicanos trabajan en represalias por la vía legislativa contra el tribunal.

En un comunicado, Johnson abogó porque el Gobierno del presidente Joe Biden se oponga a esas órdenes, que calificó como "vergonzosas" e "ilegales", y que "use todos los instrumentos disponibles para impedir tal abominación".

El legislador de Luisiana sostuvo que si el Gobierno de EU no se opone a las supuestas órdenes de arresto "la CPI podría crear y asumir poderes sin precedentes para emitir órdenes de arresto contra dirigentes políticos, diplomáticos y militares estadounidenses".

El presidente del Comité de la Cámara Baja para Asuntos Exteriores, el republicano Michael McCaul, aseguró a Axios que están trabajando en una propuesta de ley para sancionar a funcionarios de la CPI que investigan a Estados Unidos y sus aliados en esta corte internacional que persigue serias violaciones del derecho internacional humanitario.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el lunes que el Gobierno de Biden no apoya la investigación de la CPI y no cree que ese tribunal tenga jurisdicción en esta situación.

La CPI, fundada en 2002 bajo el Estatuto de Roma, tiene más de 123 miembros y en 2000 el Gobierno del entonces presidente demócrata Bill Clinton firmó el estatuto, pero no sometió el pacto a la ratificación del Senado.

En 2002 el Gobierno del presidente republicano George W. Bush retiró la firma e indicó que no procedería a la ratificación del Estatuto de Roma.