La ONU pidió este martes el fin de las expulsiones de migrantes, refugiados y demandantes de asilo desde Túnez a Argelia y Libia, donde cientos de personas han quedado a su suerte en condiciones extremas de calor y falta de agua. El portavoz Farhan Haq dijo a los periodistas que la Secretaría General de Naciones Unidas está profundamente preocupada y quiere "el fin inmediato de estas expulsiones" y la "reubicación urgente de aquellos abandonados a lo largo de la frontera a lugares seguros, donde puedan ser protegidos y tener acceso adecuado a agua, comida, cobijo y atención médica".
"Reiteramos que todos los migrantes, refugiados y demandantes de asilo deben ser protegidos y tratados con dignidad", señaló Haq, que recordó que esos principios están recogidos en las leyes internacionales de derechos humanos y de personas refugiadas.
Varias organizaciones humanitarias denunciaron la semana pasada que cientos de migrantes originarios del sur del Sahara, incluidos menores y mujeres embarazadas, residentes legales y solicitantes de asilo, fueron desahuciados de sus casas y detenidos en la ciudad de Sfax (centro-este), principal punto de partida de la migración irregular, para ser expulsados a la fuerza a las fronteras terrestres con Libia y Argelia. Se registraron 1,200 personas expulsadas por las autoridades tunecinas a principios de julio, sin que tuvieran acceso a agua o comida.
Mientras, el gobierno tunecino ha negado esas informaciones sobre la expulsión forzada de migrantes y las ha calificado de "calumnias" para dañar la imagen del país. El pasado 16 de julio la Comisión Europea y Túnez firmaron un acuerdo para reforzar sus fronteras a cambio de importantes inversiones financieras, incluído un paquete de 105 millones de euros (unos 115 millones de dólares) para rescates y "retornos voluntarios", un modelo que aspira a exportar a otros países de la región como Marruecos y Egipto. Este texto, que debe ser aprobado formalmente por los estados miembros de la UE y cuyos detalles se desconocen, no incluye garantías "serias" de que las autoridades eviten violaciones de los derechos humanos por lo que HRW pidió una evaluación exhaustiva de su impacto.
Cerca de 150 personas levantaron un campamento improvisado en la zona de Ras Jadir, a la proximidad del mar, para poder resguardarse de los más de 40 grados centígrados de temperatura. Otros campamentos similares se encuentran en zonas desérticas como Al Assah, a un centenar de kilómetros de la capital, donde la Guardia Fronteriza recuperó el 25 de julio cinco cuerpos de migrantes, incluido un niño de corta edad, reveló el Ministerio libio de Interior.
Una decena de organizaciones humanitarias, entre ellos Médicos del Mundo y Abogados Sin Fronteras (ASF), alertaron un día después el "recrudecimiento" de la discriminación y la violencia contra los migrantes en el país magrebí "que les obliga a una fuga permanente y les impide hacer valer los derechos humanos inalienables".
Un semana antes, Human Rights Watch (HRW) instó a la Unión Europea (UE) a suspender su apoyo financiero destinado al control migratorio y advirtió que Túnez no es un refugio "seguro" para los migrantes y refugiados negros africanos, víctimas de graves abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Tras más de una semana, 600 personas que se encontraban en el lado libio fueron realojadas por la Media Luna Roja en centros de acogida de diferentes regiones del sur del país.
Mientras tanto, el país magrebí ya ha puesto en marcha su propia política de "tierra quemada", en la que ha dejado a los migrantes subsaharianos sin opciones para trabajar, encontrar alojamiento y sin recursos para perseguir su objetivo o regresar a sus países de origen.
El presidente de Túnez, Kais Saide, quien se adjudicó plenos poderes en julio de 2021 "para preservar la paz social", pidió en febrero a las fuerzas de seguridad tomar medidas urgentes contra las "hordas" de migrantes que forman parte de una "conspiración" para cambiar la identidad "arabo-musulmana" de Túnez.
Desde inicios de año, 37, 700 personas, 5,000 de ellos nacionales, llegaron a la costa italiana desde Túnez, que se encuentra a menos de 150 kilómetros de distancia, mientras otras 23.000 personas fueron interceptadas por los guardacostas. En cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de los 60.000 ciudadanos subsaharianos que viven en el país sólo entre el 10 % y el 15 % no poseen una residencia legal, por lo que la sociedad civil reclama su regulación general.
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