Suprema Corte de Nicaragua criminaliza a 25 abogados; entre ellos a Sergio Ramírez
El régimen de Ortega ahora se lanza contra juristas y los suspende de su ejercicio. En total son ya 26 a quienes además se les retira su título.
persecusión política
El escritor Sergio Ramírez y la veterana defensora de los derechos humanos, Vilma Núñez.
Durante la semana fueron activistas y periodistas de las redes sociales; ahora, este viernes, el regimen de Ortega en su persecusión contra voces opositoras se lanzó contra 25 abogados, entre ellos al escritor Sergio Ramírez y a la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, bajo el argumento de que les retiraron su nacionalidad "y son traidores a la patria".
Así, la Corte Suprema de Justicia los inhabilitó de forma definitiva, en una resolución que anula sus títulos de abogado y notarios públicos.
Además les impuso entregar sus títulos, protocolos respectivos, sello, y carné de jurista en 24 horas, "bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciese", pese a que la mayoría fueron expulsados a EU o residen en el exilio.
Es la segunda vez en tres días, y la primera a un grupo de 25 abogados, que la Suprema suspende definitivamente del ejercicio de la profesión a juristas, desde que estalló la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace cinco años.
Además del escritor Ramírez y la defensora Núñez, los magistrados judiciales inhabilitaron a su excolega Rafael Solís, al exvicecanciller José Pallais, y al exembajador sandinista en la OEA Edgard Parrales.
También a los defensores de derechos humanos María Oviedo, Gonzalo Carrión, Álvaro Leiva, a los políticos opositores Ana Margarita Vigil, Eliseo Nuñez, Noel Vidaurre, Héctor Mairena, a la activista Mónica López Baltodano, al jurista Uriel Pineda, y Roger Reyes, defensor del exaspirante a candidato presidencial Félix Maradiaga.
Además, al antiguo portavoz de la Corte Suprema Roberto Larios, y a Moisés Astorga y los hermanos María José y Hans Camacho Chévez, estos últimos tres exasesores de la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, entre otros.
Según la Suprema Corte, con su sentencia están dando cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas el 8, 9 y 15 de febrero pasados, en la que se acusó a los 25 afectados como "traidores a la patria" y se les inhabilitó de manera absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
En esas resoluciones se ordenó la pérdida de la nacionalidad de los acusados, y la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos sus bienes inmuebles y sociedades, ya sea a título personal o de personas jurídicas o sociedades en las que participen como socios.
También se les declaró prófugos de la Justicia y traidores a la patria, indicó.
"Estas personas no pueden ostentar el título ni ejercer la profesión de abogado y notario público, ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense", según la sentencia.
La primera afectada con esa medida, el martes pasado, fue la abogada defensora de decenas de "presos políticos", Yonarqui de los Ángeles Martínez García.
Rechazan la privación de su ejercicio
Los abogados nicaragüenses suspendidos rechazaron la privación del ejercicio de la abogacía. El abogado Roger Reyes, defensor del exaspirante a candidato presidencial Félix Maradiaga y uno de los afectados, sostuvo que cancelar una profesión y un título está "lejos de toda realidad jurídica".
La defensora de derechos humanos María Oviedo aseguró que la medida les arrebata todo. "A Dios le pido que el odio no me alcance. No seré igual que los que hoy quieren destruirme. Abogada y nicaragüense seré hasta el último día de mi vida. Pierden su tiempo”.
La dirigente opositora Ana Margarita Vijil, a quien el Gobierno de España la concedió la nacionalidad, dijo en redes que se durmió con la noticia de que la Corte Suprema decidió cancelar su título de abogada.
La activista y ambientalista Mónica López Baltodano, hija de los exguerrilleros sandinistas Julio López Campos y Mónica Baltodano, dijo que aunque traten de inahibilitarla para ejercer su profesión, no podrán desaparecer sus tres libros donde fiscaliza a las autoridades.
La primera afectada con esa medida, el martes pasado, fue la abogada defensora de decenas de "presos políticos" Yonarqui de los Ángeles Martínez García.
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ONG acusa a Ortega
Ante la medida de la Suprema Corte nicaragüense de inahibilitar a 26 abogados, la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudió la suspensión definitiva como los abogados y notarios "a quienes criminaliza y castiga por haber acompañado a personas presas políticas y sus familiares en su demanda de justicia y libertad".
Asegura que se trata “de una aberración jurídica, totalmente arbitraria, ilegal e inconstitucional, dicta una resolución sin abrir procesos disciplinarios y sin notificación de alguna investigación en su contra", reprochó esa ONG, cuyo presidente, Gonzalo Carrión, es uno de los afectados.
Y agregó que la Corte Suprema "dicta remedos de resoluciones, violentando el principio de legalidad, el derecho a la igualdad y la no discriminación, irrespetando las garantías judiciales".
También afirmó que se trata de “una condena sin el legal y debido proceso, y en la absoluta indefensión".