El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado este martes la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

"Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori", reza el auto del TC.

La sentencia contraviene una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había pedido al Estado peruano acatar la orden de no sacarlo de prisión.

La resolución establece la “falta de competencia” de la CIDH para “ordenar directamente la no decisión de una orden judicial”. La semana pasada el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, ya había sido tajante al respecto: “En este caso la que tiene la prevalencia es la sentencia del Tribunal Constitucional”.

Fujimori, de 85 años y con delicado estado de salud, recibió un indulto humanitario en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual fue revocado en el verano de 2018 por la CIDH.

Sin embargo, en marzo de 2022, el TC declaró fundado un habeas corpus a su favor. La semana pasada, el máximo intérprete de la Constitución dejó la ejecución en manos del juez Vicente Fernández Tapia, quien decidió no hacerla efectiva y dejar que el expresidente siguiera tras las rejas.

En la resolución de este martes, el Tribunal Constitucional expuso con dureza su desacuerdo con la decisión del juez: “Llamar severamente la atención al juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, señor Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus”.

El miércoles “debería estar libre”

Elio Riera, el abogado de Fujimori, se pronunció desde el penal de Barbadillo tras visitarlo en su celda. “(Fujimori) ha tomado con mucha alegría este mandato y, bueno, me ha encomendado esta última misión de darle viabilidad a los trámites administrativos para su liberación. Ahora me dirigiré al Instituto Nacional Penitenciario. Estimo que mañana (miércoles) debería salir libre. En un día a más tardar”, dijo.

Respecto a las responsabilidades internacionales del Estado y a una posible sanción por no acatar la orden de la CIDH, Riera aseguró: “Es un límite de convencionalidad. La Corte no debe decidir quién sale y quién no. Prima el Derecho de Soberanía. No es determinante. No hay ninguna vinculación”.