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En el décimo aniversario de la Masacre de Cadereyta, Nuevo León, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México hicieron un llamado para proteger a las personas migrantes ante las constantes violaciones a sus derechos y para garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, para que los hechos ocurridos en 2012, en Cadereyta, Nuevo León, no se repita.
Un 13 de mayo pero de hace 10 años, en 2012, fueron encontrados 49 cuerpos decapitados y desmembrados en el municipio de Cadereyta, en Nuevo León.
A 10 años de esta masacre, aún no hay justicia para las víctimas y sus familias, las autoridades solo han identificado a 18 de las 49 víctimas, entre ellos 43 hombres y 6 mujeres.
Lo que saben es que entre las víctimas había 11 personas de origen hondureño, 4 mexicanos, 2 nicaragüenses y 1 guatemalteco. Y falta identificar 31 cuerpos.
Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos informaron que continuarán impulsando acciones positivas para velar por el derecho a la justicia, para que las familias conozcan la verdad de los hechos y a la no repetición de los hechos. "En ese sentido, es oportuno hacer un llamado a los gobiernos nacionales para que atiendan las causas estructurales de la movilidad humana, investigar y sancionar a los autores de la masacre y reparar integralmente el daño a las familias".
En 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la entonces PGR y a los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, indicando que había servidores públicos responsables de la procuración de justicia que no actuaron “con debida diligencia para la adecuada investigación”.
Esta Institución Nacional de Derechos Humanos, mantiene una política de puertas abiertas para continuar acompañando a los comités de familiares de personas desaparecidas en la ruta migratoria.
En el caso de la Masacre de Cadereyta, las Instituciones firmantes urgen a:
• Avanzar en la implementación de acciones que permitan la plena identificación de las víctimas, ya que en el trascurso de estos 10 años únicamente se han identificado a 16 de 49 cuerpos encontrados
• Coordinar acciones entre autoridades de México, Guatemala, El Salvador y Honduras encaminadas al esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia, incluida la investigación en cada país que pueda vincular a las redes de tráfico ilícito de personas con los responsables materiales en México.
• Desarrollar procesos que permitan el fácil y adecuado acceso a la reparación integral del daño sufrido para los familiares de todas las víctimas.
Las Instituciones firmantes reiteraron su disposición para trabajar en beneficio de los derechos de las personas migrantes, dentro de sus respectivos mandatos.
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