El pleno del Senado aprobó por unanimidad en lo general y lo particular reformas a la constitución que garantizan una pensión no contributiva a las personas con discapacidad y redujo de 68 a 65 años el acceso a este derecho para las personas adultas mayores de 65 años, así como un apoyo a productores, pescadores y campesinos.
Con ello se eleva a rango constitucional el programa “Sembrando Vida, lo mismo que los precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable
Durante el debate, el oficialismo criticó que en el pasado los programas sociales tenían un objetivo electorero, pero ahora poseen una visión garantista de derechos para terminar así con 36 años de neoliberalismo.
Morena y sus aliados rechazaron la propuesta del PRI de bajar hasta los 60 años la edad para recibir esta pensión de adulto mayor al esgrimir que desde esos años ya se requiere incrementar las medidas de salud y mientras no se haga unos 4.2 millones de mexicanos están desprotegidos.
La senara del PRI, Cristina Ruiz Sandoval aseveró que también se beneficiaría a más de 200 mil personas de las tercera edad que no tienen empleo, pero no hubo eco de los morenistas.
“Si dan dinero a través de los programas sociales, pero también se roban más…”, reprochó la priista a los morenistas
La minuta aprobada que se envió a los Congresos estatales para los efectos constitucionales que correspondan, establece que la Federación y la entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
El Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que vivan con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de 18 años.
En el dictamen se menciona que el Estado deberá entregar un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies procesadas.
Además de un apoyo anual directo y fertilizantes a productores de pequeña escala y un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala.
Se señala que el Estado deberá destinar recursos suficientes año con año para cumplir con lo dispuesto en el artículo 4° constitucional, relativo a las pensiones para los adultos mayores de 65 años y más y a las personas con discapacidad permanente.
El monto de los recursos no podrá ser disminuir. También, se garantiza el derecho a una vivienda digna.
Al fundamentar el dictamen para su aprobación, la senadora de Morena, Andrea Chávez, presidenta de la Comisión de Bienestar, aseveró que con estas reformas el Estado dota a las personas vulnerables de herramientas para garantizar el desarrollo y el bienestar.
“¿Por qué es importante elevar a rango constitucional estos programas sociales?, para que sean derechos inalterables, inalienables e inobjetables”.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, aseguró que poner los programas de Bienestar en la Constitución, significa abonar a garantizar los derechos plenos para todas las personas.
“Yo asumo y a abrazo esta visión de un Estado de bienestar social, también democrático y de derechos, que ponga en el centro condiciones para que los seres humanos se puedan desarrollar plenamente”.