La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado exigió a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) un informe sobre el estado actual de las concesiones otorgadas para la extracción de arena en las playas mexicanas y respondan a las denuncias de explotación ilegal de dicho material, debido a que este problema amenaza la biodiversidad y la seguridad de las comunidades costeras.
El mercado mundial de arena y grava genera aproximadamente 57 mil millones de euros al año, de los cuales una porción considerable proviene del mercado negro, impulsado en parte por mafias en países como India.
“La explotación de arena es un problema real y de alcance mundial que debemos atender con el fin de evitar daños irreparables en nuestros ecosistemas. Por ello, solicitamos a las autoridades a garantizar una supervisión estricta de las concesiones y asegurar el cumplimiento de la ley", alertó la presidenta de esta comisión, Maki Esther Ortiz Domínguez
La senadora del PVEM destacó la importancia de investigar estas denuncias, que han aumentado en playas de estados costeros como Baja California Sur, Jalisco y Veracruz, donde la población local ha expresado su preocupación por el incremento de la extracción clandestina de arena sin los permisos correspondientes.
Ortiz Domínguez explicó que este problema está directamente relacionado con la creciente demanda mundial de arena, impulsada por la construcción masiva y la urbanización acelerada.
“La arena no es solo un recurso natural; es el fundamento de la biodiversidad costera y una barrera natural que protege nuestras costas de fenómenos como las mareas de tempestad y el aumento del nivel del mar.”, indicó
La extracción ilegal de arena reduce la franja litoral, modifica la conformación natural del terreno, achica la zona de amortiguamiento del oleaje y genera impactos negativos al entorno ecológico, lo que pone en riesgo el equilibrio del ecosistema de la zona, explica el gobierno federal.