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Varias organizaciones civiles mexicanas, entre ellas Sociedad Civil Mexicana, México Justo, México Unido Contra la Delincuencia y Controla tu Gobierno, han emitido un pronunciamiento conjunto en el que denuncian una crisis constitucional en el país.
Las agrupaciones sostienen que una mayoría legislativa, respaldada por los congresos estatales de una coalición política dominante, ha modificado de manera significativa la Constitución para reorganizar uno de los poderes de la Unión, poniendo en riesgo su independencia y la separación de poderes.
En su declaración, las organizaciones expresan su preocupación por la reforma judicial, que califican de “enfrentamiento entre poderes” y rechazan las posturas “maximalistas y recalcitrantes” que consideran perjudiciales para el país.
“No creemos que en una crisis de esta naturaleza y envergadura convengan al país la imposición y el aplastamiento de las posturas contrarias”, señalan, advirtiendo que la falta de diálogo está llevando al país hacia una ruptura del orden constitucional.
La principal preocupación de las organizaciones radica en el debilitamiento del Poder Judicial, que ven en peligro de caer bajo el control de una sola facción política, lo que comprometería su capacidad para actuar como contrapeso de los otros poderes.
Advierten que la reforma judicial “generará un enorme retroceso histórico que lesionaría los intereses del pueblo mismo”, y consideran que esta acción va en contra de los principios establecidos en la Constitución de 1917, que consagró la independencia entre los poderes.
Ante esta situación, las organizaciones manifestaron su respaldo al proyecto de resolución presentado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este proyecto, que se espera sea debatido en las próximas sesiones del máximo tribunal, plantea una revisión de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la reforma judicial. Para las organizaciones firmantes, la propuesta del Ministro representa una salida razonable y un punto de conciliación que permitiría restablecer el equilibrio entre poderes.
Las agrupaciones consideran que, a pesar de los desacuerdos en ciertos aspectos, el proyecto del ministro González Alcántara protege el capital humano del Poder Judicial y promueve la carrera judicial como base para una justicia independiente y no partidista.
“Hacemos un llamado a respaldar el proyecto y acatar la determinación de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la reforma, como una solución a la crisis constitucional que hoy existe y amenaza”, señalaron.
Asimismo, las organizaciones instan a todos los actores políticos del país a actuar con madurez y prudencia, dejando de lado posturas ideológicas para dar prioridad a la paz y la concordia. Subrayan que la resolución de la SCJN debe ser respetada por los demás poderes para preservar el marco de convivencia democrática y estabilidad jurídica en México.
Este pronunciamiento se suma a un debate en el país sobre los alcances y limitaciones de la reforma judicial y el papel de la SCJN en la protección de la división de poderes.
Las organizaciones concluyen su mensaje advirtiendo sobre los riesgos reales que enfrenta la nación, e insisten en la urgencia de resolver la crisis constitucional para mantener el régimen democrático que garantiza la inclusión de todos los sectores de la sociedad mexicana.