Búsqueda
Con 67 votos en favor y 30 en contra, el pleno del Senado aprobó reformas constitucionales a la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria para armonizar estos ordenamientos con las modificaciones a la Ley Suprema relativas al Poder Judicial publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre pasado que entre otras cosas reduce de 11 a 9 los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No obstante, se dispone en los artículos transitorios que hasta en tanto las ministras y ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado el 1 de septiembre de 2025, la Corte se regirá por las reglas de votación contenidas en la Ley de Amparo, vigente con anterioridad a la publicación del decreto.
La minuta se envió a la Cámara de Diputados para los efectos legislativos que correspondan.
El presidente de la Cámara de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, explicó que estas reformas materializan los objetivos de la reforma al Poder Judicial, consolidan un sistema judicial más eficiente, transparente e incluyente, y sientan las bases para impartir una justicia pronta, expedita y protectora de los derechos de las personas.
En el artículo 73 se establece que, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.
También se adecua la terminología usada en el texto de la ley a los conceptos establecidos en el texto constitucional vigente, como Tribunal de Disciplina Judicial, Órgano de Administración Judicial (antes Consejo de la Judicatura Federal), entre otros, y se derogan las disposiciones relativas a las salas.
Asimismo, la iniciativa propone ajustar las disposiciones normativas empleando lenguaje incluyente, y se actualizan denominaciones vigentes como Ciudad de México (antes Distrito Federal) o Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (antes Código Federal).
Los senadores también abordaron el dictamen por el que se reforman la Ley Reglamentaria encaminada a armonizar esta ley con lo previsto en la reforma sobre la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales.
Con ello se prevé que no procede la impugnación de adiciones o reformas a la Constitución Política, y se adiciona que en materia de controversias constitucionales estas son improcedentes cuando tengan por objeto controvertir adiciones o reformas a la Carta Magna.
Asimismo, incorporar un lenguaje incluyente, establecer la posibilidad de que las partes reciban la notificación de una resolución por vía electrónica y se establece que en ningún caso pueden dictarse suspensiones contra normas generales ni en acción de inconstitucionalidad ni controversia constitucional.
La senadora del PRI, Claudia Anaya, acusó que el régimen no quiere que la gente a gente pobre tenga justicia.
“Todo lo que han venido diciendo es una narrativa falsa, en la legislación están haciendo exactamente lo contrario, y eso es una vergüenza, espero que se den cuenta y entren en conciencia de lo que están haciendo.
¡Ya basta que le estén tomando el pelo a la gente! ¡Ya basta que se estén dando atole con el dedo entre ustedes! Están confundiendo la constitucionalidad o la disciplina partidaria con subordinación o con seguir a ciegas instrucciones”, estableció
En su intervención, el senador del PAN, Mario Vázquez, dijo a los morenistas que “olvidan que son representantes populares y no empleados del gobierno”.
“Han hecho de nuestra Constitución y de nuestro marco jurídico un panfleto jurídico moldeado a conveniencia”, reprochó.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda adelantó su voto en contra y dijo que el mal diseño de “la mal llamada reforma constitucional al Poder Judicial es en realidad un capricho por disolver de facto uno de los poderes públicos y esto les ha obligado a generar una serie de reformas secundarias, cuyo único logro es confundir, generar incertidumbre en la sociedad sobre cómo va a operar el nuevo sistema de justicia. Hay muy poco que celebrar”.